Carles Puigdemont no quiere ser menos. Si los políticos presos pierden protagonismo, él mismo deberá admitir que ya no será el líder del movimiento independentista. Y las indicaciones han sido claras: los políticos presos de Junts per Catalunya (JxCat) deberán formar parte de las listas a las elecciones generales, a pesar de la posición de Laura Borràs, que entendió que no deberían figurar en vísperas de la sentencia del Tribunal Supremo.

La dirección de Junts per Catalunya se inclina por una decisión que ya sabe que no tendrá consecuencias prácticas. Pero no está dispuesta a disminuir la presión al Estado, máxime cuando Esquerra Republicana (ERC) tiene claro que Oriol Junqueras volverá a ser el candidato. ¿Entonces, cuál es la estrategia?

Esperando a la Junta Electoral

El partido de Puigdemont volverá a incluir a Jordi Sànchez como candidato por Barcelona, y a Josep Rull y Jordi Turull por Tarragona y Lleida, respectivamente. Tiene pendiente otros cambios, pero no sobre los nombres de los presos. Lo que ocurre es que se sabe de antemano que la Junta Electoral Central invalidará su designación en las listas, cuando se publiquen en el BOE de forma definitiva las diferentes candidaturas. Eso ocurrirá el 15 de octubre, una fecha que será posterior, con toda probabilidad, a la sentencia del Tribunal Supremo, que se prevé para los primeros diez días del mes.

Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya / EFE

Junts per Catalunya, como ERC, enviarán sus listas electorales a la Junta Electoral, que ha fijado como fecha límite el 7 de octubre. Hasta el 14 del mismo mes examinará todos los nombres, y si llega antes la sentencia, invalidará a los candidatos que hayan sido inhabilitados. Con eso juegan el partido de Puigdemont y ERC, con la idea de que, tal vez, la sentencia se pueda demorar.

El plan B con los segundos en las listas

Al margen de las penas que puedan recibir los políticos presos, si la sentencia es condenatoria, lo que es seguro es la pena de desobediencia, que los mismos abogados de los dirigentes independentistas admitieron. Y eso implica inhabilitación para cargo público. Fue la pena que recibieron Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la organización del 9N. En el caso de Mas, precisamente, esa inhabilitación se acaba en febrero de 2020, con lo que, a partir de ese momento, podría ser candidato a la Generalitat.

Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez (JxCat), en el Congreso. Imagen del artículo 'Cuidado con la buena gente' / EFE

“Si quedan inhabilitados, los candidatos serán los segundos en las listas”, señalan fuentes independentistas. Pero la campaña electoral se basará en esa misma imposibilidad de que puedan repetir para ser elegidos en el Congreso. El independentismo, por tanto, no quiere renunciar a sus cartas y buscará un desafío al Estado “hasta el último instante”, según las mismas fuentes.

¿Dalmases, de número 3?

Sin embargo, puede ser el último intento. Una vez inhabilitados, tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana deberán manejarse en el Congreso con la fuerza parlamentaria de la que dispongan. Y, conscientes de ello, se están produciendo diferentes movimientos. En Junts per Catalunya, el PDeCAT quiere tener un papel relevante, y para ello diferentes dirigentes reclaman que David Bonvehí, el presidente del partido, figure en los primeros puestos.

También se mueve Laura Borràs, que empuja para que Francesc de Dalmases, diputado en el Parlament, figure como número tres. Puigdemont tiene la última palabra.

La fórmula de CiU

La urgencia para designar las listas electorales ha vuelto a aplazar el debate en el seno de Junts per Catalunya.

El PDeCAT no quiere diluirse en esas siglas, y Artur Mas ya ha comenzado a proponer una solución: una especie de federación-coalición entre el PDeCAT y la Crida, el movimiento-partido de Puigdemont, bajo la marca de Junts per Catalunya, recordando la fórmula que durante décadas mantuvo Convergència i Unió (CiU).