El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Barrientos, ha ordenado que se retire la vigilancia policial en los juzgados de El Vendrell, Gandesa, Balaguer, Cervera, Solsona y Berga, al entender que la amenaza a la seguridad de los edificios judiciales derivados del procés ha disminuido.
La orden se basa en un escrito remitido por el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra el pasado 5 de septiembre, que considera que ese riesgo ha quedado diluido en esos partidos judiciales. No obstante, se mantiene la vigilancia en el Palau de Justicia y en la Ciutat Judicial. Tal como publicó Crónica Global, jueces y policía creen que el llamado “otoño caliente” provocará agitación social, pero no grandes altercados callejeros.
Excrementos lanzados por los CDR en los juzgados catalanes/ Twitter
La llamada “operción Toga” se activó en febrero, cuando los Comités de Defensa de la República (CDR) lanzaron excrementos contra 22 juzgados como protesta por el inicio del juicio del referéndum del 1-O. El TSJC solicitó a los Mossos d’Esquadra refuerzos en la vigilancia de los edificios judiciales. Se destinaron 400 agentes, cifra muy exagerada según los sindicatos policiales, que recordaron la endémica falta de efectivos y los riesgos de reducir las patrullas que circulan por las calles. “Nos obligan a vigilar paredes”, denunciaban.
Los ataques a Llarena
No se fijó una fecha límite de ese dispositivo. La acción de los CDR venía precedida de los escraches al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés.
En mayo, el presidente del TSJC volvió a convocar a los Mossos para sugerir que se modificara el dispositivo, ante la percepción de que el riesgo de nuevos ataques se había reducido. “Sobre la base de que no han desaparecido completamente las amenazas de hostigamiento que en su día motivaron la orden –indicaba la sala de gobierno en su resolución-- se constata que han transcurrido tres meses de un escrupuloso y efectivo despliegue policial por parte de agentes de los Mossos en su cumplimiento”, por lo que “buscando una mejor optimización de los recursos públicos, se propone la oportunidad de rebajar la intensidad de la vigilancia policial presencial durante las horas de apertura de las oficinas judiciales (de 8 a 15 horas en días laborales), por tratarse de un marco horario de elevado trasiego de personas en el entorno de las referidas sedes judiciales”.
Radicales de Arran en pleno ataque a la casa del juez Pablo Llarena en Sant Cugat del Vallès / CG
Hoy, el magistrado ha ordenado la retirada de la vigilancia policial presencial en las seis oficinas judiciales a partir del próximo 23 de septiembre. Este dispositivo, y la merma que supone para los efectivos de los Mossos, formó parte de los debates que ha generado el aumento de la inseguridad en Barcelona.