Una trama corrupta de pisos turísticos en Barcelona acaba en juicio

Cerco contra una trama corrupta de Ciutat Vella en la que figuran como imputados ocho funcionarios municipales que el 2005 y el 2008. Estos trabajadores municipales habrían tramitado con arbitrariedad y de forma fraudulenta licencias de pisos turísticos en este distrito, en algunos caso a cambio de mordidas. La magistrada Elisabet Castelló cierra la investigación que inició en 2009 y ha mantenido la acusación contra 23 personas, la mayoría propietarios de viviendas. 

Los funcionarios imputados se enfrentan a delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental, según publica El Periódico. La investigación judicial empezó en 2009, durante el mandato del socialista Jordi Hereu, aunque se intensificó durante los años posteriores, aunque quedó enredada en la práctica de los informes periciales. Eso sí, a finales del mes de julio el titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, dio por concluida la investigación. 

Investigación compleja

La resolución subraya que la instrucción de este caso "ha resultado sumamente compleja" debido a la naturaleza de los delitos relativos a "actos de presunta corrupción de funcionarios públicos". Las diligencias judiciales aparecen como principales imputados el entonces funcionario municipal Heliodoro Lozano, que durante ocho años fue jeve de servicios técnicos en Ciutat Vella y luego fue trasladado a Nou Barris. 

La jueza concluye que estas tres personas "actuaban de común acuerdo" y con "la finalidad de pronunciarse unos ingresos extra con la tramitación" de licencias de pisos turísticos. Estos fucionarios tramitaban los expedientes "sin cumplir los requisitos legales exigidos". 

Irregularidades

Se han hallado irregularidades en 13 expedientes. Los negocios estaban explotados como apartamentos turísticos, pero estaban obligados a obtener las respectivas licencias dentro del plazo fijado en diciembre de 2016. De ahí que los dueños o varias empresas del sector a través de la principal asociación de explotadores de este negocio. 

Según la noticia de El Periódico, en el registro practicado en el domicilio de Lozano se encontró un disco duro de un ordenador y se comprobó la existencia de mensajes que "revelan conversaciones que se mantienen" con la otra imputada, la asesora jurídica Elena Ariza, que "revela el interés económico de ambos en la tramitación de las licencias" de cambio de uso.