El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el expresidente autonómico Carles Puigdemont han animado a los independentistas a responder a la sentencia por el juicio del 1-O, prevista para octubre. Un momento que, en su opinión, marcará el fin de un ciclo y obligará a retomar la iniciativa secesionista.
"Cerrado ese ciclo, con la sentencia que ya será firme, creo que el movimiento independentista debe retomar la iniciativa", ha dicho Puigdemont en rueda de prensa junto con Torra, al término de una reunión de dos días en Bruselas en la que han participado dirigentes y cargos electos de Junts per Catalunya (JxCat).
Movilización ciudadana sin elecciones
El expresident ha explicado que retomar la iniciativa supondrá dar una "combinación de respuestas", no solo de tipo "político" e "institucional", sino también "ciudadano". En todo caso, ha rechazado convocar elecciones --como insinúa ERC-- porque "debilitaría las instituciones". Y ha insistido en que en JxCat hay "unanimidad y consenso máximo" en que el momento "pide gobierno, estabilidad y fortaleza en las instituciones", lo que "no es compatible con las prisas electorales".
En ese contexto, ha señalado: "Por eso también desde el movimiento independentista hablamos, entre todos" y "ponemos encima de la mesa nuestro punto de vista que a veces no tiene por qué ser coincidente, pero que va en la misma dirección". Según Puigdemont, ese será el nuevo "paradigma" tras la sentencia contra los encausados por el procés.
Diada
Por su parte, Torra ha invitado a los ciudadanos catalanes a "participar masivamente" en la próxima Diada del 11 de septiembre, que tendrá como lema "Objetivo independencia", para "expresar masivamente" el apoyo de los catalanes a ese objetivo. "La respuesta a las sentencias comienza ya el 11 de septiembre", ha dicho Torra, quien ha indicado, por otra parte, que no teme quedar inhabilitado como consecuencia del juicio por desobediencia que se celebrará el 25 y 26 de septiembre.
El presidente catalán será juzgado por desobediencia a la Junta Electoral (JEC), por no retirar a tiempo lazos amarillos y símbolos partidistas en edificios públicos en campaña electoral, y la fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno, con lo que no podría seguir al frente del Govern de la Generalitat si fuera condenado.