Cargarse de razones. Contar con todos los instrumentos. Es lo que pretende Esquerra Republicana para poder reclamar un adelanto electoral. Tras la posición clara del presidente Quim Torra, que considera que la sentencia del Tribunal Supremo --prevista para octubre-- no tiene por qué provocar la convocatoria electoral, el consejero de Economía, Pere Aragonès, ha comenzado a negociar el presupuesto para 2020. Incluye 2.500 millones más de inversión, para políticas sociales, como anzuelo para atraer a la CUP o a los comunes, con una idea determinante: si nadie apoya esas cuentas, entonces sí, habrá que disolver el Parlament y convocar elecciones.
Es lo que pretende el partido de Oriol Junqueras, que está dispuesto a cumplir el guion que ha trazado a medio y largo plazo: ensanchar la base del independentismo y en ese lapso, el que sea necesario, gestionar y aprovechar todas las posibilidades del “autonomismo”. Y lo que toca ahora, según el equipo de Aragonès, es elaborar unos presupuestos que permitan revertir por completo los recortes que se iniciaron con el primer gobierno de Artur Mar, justo antes del inicio del proceso soberanista.
Los comunes, “liberados”
En los últimos meses han cambiado algunas cosas. La primera es que Esquerra entiende que podría contar con el apoyo de los comunes que, centrados en el último año en la campaña electoral del Ayuntamiento de Barcelona, se sienten ahora “liberados” con la alcaldía en manos de Ada Colau. El otro factor de cambio es la CUP que, tras una catarsis interna, está dispuesta a colaborar con el Gobierno de la Generalitat. El tercer elemento es el que afecta a los socialistas. Miquel Iceta, su primer secretario, está dispuesto a negociar las cuentas de la Generalitat para 2020, pero siempre que el Gobierno de Pedro Sánchez esté asegurado. Y eso no ha ocurrido todavía. Las distancias con el gobierno de Torra son todavía siderales.
En esa coyuntura se mueve Esquerra, que podría ganar en las dos circunstancias: se aprueban los presupuestos, debido a un acto “realista” y a una negociación entre Junts per Catalunya, ERC y un tercer partido, la CUP o los comunes. Y si resulta imposible, el camino será la convocatoria electoral, con la venta de esos presupuestos, y con las encuestas a favor, frente a la posición rupturista de Carles Puigdemont como líder de Junts per Catalunya.
Meritxell Budó, junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra / EFE
Inversión en Mossos y la L9
Los números suponen un aumento notable en partidas que afectan a los departamentos de Salut, Interior y Ensenyament. Esos fueron los más afectados por los recortes. También se pretende una rebaja en las tasas universitarias, la promoción de nuevos agentes de Mossos d’Esquadra, de Bomberos e inversiones en nuevas infraestructuras. Esos 2.500 millones de euros que ha puesto sobre la mesa el consejero Aragonès se añadirían a los presupuestos actuales, prorrogados desde 2017.
Los detalles de esos presupuestos, que podrían quedar en papel mojado, los defiende también el consejero de Política Territorial, Damià Calvet, que intenta marcar un perfil propio entre los consejeros de Junts per Catalunya. Según Calvet, las cuentas se basan en tres ejes: la recuperación de la inversión, el gasto social, y el acento en el ámbito de vivienda y el transporte público. En ese último capítulo, la intención es priorizar la finalización de las obras de la L9 del metro de Barcelona.
La contradicción de Torra y Puigdemont
La situación en el seno del Govern de Quim Torra, sin embargo, es delicada. El enfrentamiento entre Junts per Catalunya y ERC es una realidad, con la vista puesta en los sondeos electorales. Los republicanos lo tienen más claro, mientras que el espacio postconvergente está en plena ebullición, con Puigdemont y Torra enfrascados en una idea contradictoria: ofrecer una respuesta “unitaria” frente al Estado, cuando se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre los dirigentes independentistas, pero sin forzar nuevas elecciones.
Para Esquerra no quedará más remedio que convocar a los catalanes a las urnas si falla ese último intento: aprobar los presupuestos para 2020. Y a ello se aplica, con reuniones que ya está preparando Aragonès con los diferentes grupos parlamentarios, en especial la CUP y los comunes.