La llamada operación Estela, una investigación judicial en la Diputación de Barcelona por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, cerca a un puñado de altos cargos convergentes, desde la etapa de Salvador Esteve como presidente del organismo supramunicipal. Ahora, el nuevo gobierno, presidido por el PSC, junto a Junts per Catalunya, deberá vigilar algunas de las prácticas que se denuncian.
Algunos de los implicados son el diputado provincial Joan Carles García Cañizares; el diputado de JxCAT en el Parlament, Francesc Dalmases y Jordi Castells, alto cargo en la Generalitat. Según el sumario de la investigación, tal y como ha publicado La Vanguardia, hasta un millón de euros en subvenciones de la Diputación, entre los años 2011 y 2015, bajo el mandato de Salvador Esteve, que fue alcalde de Martorell, recursos destinados a proyectos de cooperación en Marruecos, Bosnia, Honduras o la isla de Pascua, no llegaron a su destino. Se trataba, según la investigación, de un mecanismo de facturaciones falsas que daba “cobertura legal” al desvío de fondos.
Entramado personal
El juez encargado de la investigación, Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, considera que se pudo tratar de un “entramado personal” entre la administración local y los investigados. Según él, “todo ello relaciona a funcionarios de la Diputación con ciertos alcaldes y determinadas fundaciones y empresas a las que se subvenciona de manera absolutamente irregular”. En la investigación, iniciada en 2016, ha participado la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción.
El diputado de Junts per Catalunya Francesc Dalmases y Víctor Terradellas, presidente y fundador de la Fundació CATmón, investigados por las subvenciones de la Diputación de Barcelona / CG
En el fondo del asunto está que la Diputación, con Esteve al frente, un histórico de Convergència Democràtica, habría beneficiado a empresas y fundaciones para recibir subvenciones de manera irregular. Ese dinero, además, no habría llegado al destino supuestamente elegido, sino a los bolsillos de los investigados.
Clima de miedo
Todo partió de una denuncia anónima, que, posteriormente, fue ratificada por técnicos de la Diputación. A Castells, ahora en la Generalitat, lo acusaron de crear “un clima de miedo” para que aprobaran esas subvenciones, que serían irregulares.
Esas prácticas, investigadas, pueden suponer ahora un dolor de cabeza para el nuevo equipo de gobierno, formado por el PSC y Junts per Catalunya, con la idea de desterrar o de investigar cualquier posible irregularidad interna.