El sistema universitario de Cataluña hace una llamada de socorro ante la grave situación financiera que atraviesa. La Asociació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha presentado un manifiesto en el que explica que las finanzas del conjunto de centros son "críticas" y que la falta de inversión "empieza a afectar al funcionamiento ordinario de los centros". 

La asociación, que agrupa a las siete universidades públicas de Cataluña y a la UOC, alerta de que esta infrafinanciación provoca el "envejecimiento progresivo y grave de las plantillas del personal". En algunos casos, las medias de edad "se acercan a los 60 años", lo que genera "gran dificultad para estabilizar al personal joven y atraer y retener el talento". 

Acción inmediata

Ante la preocupante encrucijada en la que se encuentran las universidades públicas, los centros piden "una respuesta de país" que lidere el Govern. Para ello, reclaman "un plan de choque de la Generalitat para mejorar la financiación para el periodo 2020-2022 con el objetivo de garantizar el funcionamiento ordinario de las actividades académicas y de calidad universitaria". 

El manifiesto también pide un "plan de inversiones de la Generalitat para hacer frente común a la renovación y actualización de las infraestructuras públicas y equipamientos docentes" valorado en 100 millones de euros. Además, quiere una acción "de choque" para renovar las plantillas de profesorado o la mejora profesional de los trabajadores de los centros para "mejorar su calificación". 

Llamada reincidente

Las universidades públicas catalanas ya avisaron de su grave situación financiera. El presidente de la ACUP y el rector de la UB, Joan Elias, compareció ante la comisión de Empresa y Conocimiento del Parlament, donde pidió reforzar la autonomía universitaria y recuperar la financiación pública de 900 millones de euros. 

Los rectores que forman parte de la ACUP se reunieron con el presidente Quim Torra el pasado 17 de julio. En el encuentro, los máximos responsables de las universidades expresaron al president sus reivindicaciones a nivel de financiación. El máximo represente de la Generalitat expresó entonces que sus reivindicaciones eran "justas y legítimas" y que eran "una prioridad social" del ejecutivo que preside. 

Tasas universitarias

El manifiesto alerta de "como se dificulta el acceso a la educación superior" y a la formación continuada. Por eso, aseguran que "solo el 10% de los alumnos de las universidades de la Xarxa Vives [todas las universidades de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares] proceden de familias con un nivel formativo bajo". 

Piden una "reducción progresiva" de las tasas en los precios universitarios "aplicados por la Generalitat desde 2011" hasta llegar hasta el 30% –tal y como aprobó el Parlament sin ningún voto en contra. En contraposición, proponen que las pérdidas generadas se compensen con un aumento de la transferencia pública equivalente al impacto de la medida.