El independentismo catalán ha puesto toda su maquinaria a trabajar para responsabilizar al Estado de los atentados terroristas yihadistas del 17 y 18 de agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona) que dejaron 16 muertos y más de un centenar de heridos.

El diario Público, controlado por el conocido empresario y activista secesionista Jaume Roures, ha lanzado hoy una noticia con el titular El cerebro de la masacre de Las Ramblas fue confidente del CNI hasta el día del atentado, en la que se difunden datos sobre la supuesta relación del imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty con un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que le habría intentado utilizar como informante, así como informes de seguimientos de viajes de varios de los terroristas a países europeos a finales de 2016. Con base en estos datos, el Govern y los principales partidos independentistas han cargado contra el Gobierno y han acusado al Estado de "colaborar" con los terroristas.

Un titular que no se sustenta

Según el citado medio, el CNI trató de contactar con Es Satty --que falleció en la explosión de Alcanar (Tarragona) un día antes del 17A-- a través de un buzón muerto, del que destaca dos borradores escritos el 24 de mayo y el 19 de junio de 2017 a los que el imán no contestó. Además, el diario publica un informe sobre presuntos seguimientos de los servicios secretos a finales de 2016 a varios de los miembros que posteriormente integrarían la célula que cometió los atentados (Mohamed Hichamy, Youseef Aalla y Younes Abouyaaqoub) a Suiza, Alemania, Francia y Bélgica. Y señala que el único terrorista que sobrevivió a la explosión de Alcanar, Mohamed Houli Chemlal, declaró a la policía que Abouyaaqoub --el terrorista de Las Ramblas-- y Aalla llevaban “meses” fabricando explosivos en aquella casa.

Con estos tres elementos, Público se pregunta "¿cómo es posible que los servicios secretos españoles estén al corriente de todos esos detalles, incluidas las conversaciones entre los terroristas sobre sus proyectos y objetivos, pero no pongan fin a esas actividades de preparación de los atentados?", dando por hecho --sin aportar ningún elemento que así lo demuestre-- que el CNI era conocedor de los detalles de los atentados que estaban preparando pero no hizo nada por evitarlos. Además, el medio basa el titular de la noticia --que "el cerebro de la masacre de Las Ramblas fue confidente del CNI hasta el día del atentado"-- en que "no fue hasta la mañana siguiente de la masacre cuando se borró del registro central de fuentes del CNI la ficha del mismísimo Es Satty", un dato del que no aporta prueba alguna.

"Escándalo gravísimo"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado "explicaciones" al Gobierno por estas informaciones. "Es un escándalo gravísimo. Exigimos explicaciones al gobierno español y que se asuman las más altas responsabilidades", ha señalado en su cuenta de Twitter. Y ha añadido: "El silencio impuesto por los partidos del 155 es intolerable. Dos años después del atentado, las víctimas y toda la ciudadanía merecen respeto y toda la información", concluye el presidente de la Generalitat.

También el expresidente autonómico y líder de JxCat Carles Puigdemont se ha sumado a las críticas. "Recuerdo que los partidos del 155 se pusieron de acuerdo para bloquear la investigación parlamentaria. ¿Es el 'no es no' del PSOE a Cataluña lo que los hace cerrar filas y tapar el escándalo? Urgen unas explicaciones que hace casi dos años que esperamos. Sobre todo por respeto a las víctimas".

"Colaboración" con los terroristas

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha exigido "explicaciones" al Gobierno y le ha pedido "que sea proactivo" a la hora de "aclarar" esta información, que ha tildado de "hecho gravísimo" ante el que ha mostrado su "profunda preocupación". La portavoz del grupo de JxCat en el Congreso y exconsejera de Cultura, Laura Borràs (JxCat), ha tildado la información de "hecho gravísimo" y ha acusado al Estado de "colaboración" con los terroristas del 17A, por lo que ha exigido "que se asuman las máximas responsabilidades".

También el exconsejero del Interior Quim Forn se ha posicionado en esa línea: "Hay que exigir una investigación a fondo, depurar responsabilidades políticas, y también en los medios de comunicación que difundían las tesis del Ministerio del Interior sin contrastar".

Comisión de investigación

Por su parte, el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Bernat Solé, ha exigido al Gobierno que "dé explicaciones inmediatas" sobre las informaciones difundidas por Público, que en su opinión "revelan unos hechos muy graves y preocupantes". "Exigimos al Estado que dé explicaciones inmediatas, que diga la verdad y ponga luz a un largo período de oscuridad, algo que sobre todo debe hacerlo por las víctimas y sus familiares", ha afirmado.

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, ha señalado: "Pediremos una comisión de investigación y la comparecencia de la ministra desde ya".

El Síndic se suma a la campaña

En la misma línea, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se ha dirigido al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo "para pedir una respuesta oficial y determinar en qué medida este hecho [la supuesta vinculación del imán con el CNI] dificultó o impidió la necesaria coordinación policial". El Síndic, que en noviembre de 2017 ya apuntó que había informaciones que indicaban al carácter de confidente del imán de Ripoll y que ello podría haber tenido alguna repercusión negativa a la hora de detectar su radicalización y prevenir los atentados, reclama ahora "una investigación exhaustiva y transparente sobre la condición o no de Abdelbaki Es Satty como confidente policial". También quiere saber si el hecho de ser supuesto confidente "afectó de alguna manera a la coordinación entre cuerpos, con las responsabilidades que se deriven".



Paralelamente, el Síndic también se ha dirigido a la Consejería de Interior de la Generalitat para que le informe "de cualquier acción que realice el departamento". En cuanto a las explicaciones dadas en relación con los atentados, el Síndic ha insistido en "la falta de información institucional que ha tenido la ciudadanía". "Los poderes públicos, cada uno desde su nivel de responsabilidad, y sobre todo el Gobierno del Estado y las Cortes Generales, deberían haber abordado el tema públicamente con celeridad y transparencia institucional", reprocha el defensor autonómico en un comunicado. El Síndic apunta que "si bien es cierto que el Parlament de Cataluña creó la comisión de investigación en abril de 2018, el Congreso trató el tema en el marco de la Comisión de Gastos Reservados y, por tanto, no ha sido accesible para la ciudadanía".