La justicia ha archivado la causa contra los tres profesores del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca por supuestos comentarios despectivos a alumnos de Guardia Civil tras las cargas del 1-O y que seguían imputados. Eso sí, el caso se ha remitido a la consejería de Enseñanza de la Generalitat por posible infracción administrativa.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el consejero Josep Bargalló, ha considerado una "gran noticia" y el "fin de una pesadilla" el archivo de la causa a las tres profesoras que seguían imputadas. Se ha preguntado quién reparará ahora "el daño hecho contra el centro y el profesorado".
Recurso
El abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) Jorge Piedrafita, que representa a una de las alumnas denunciantes, recurrirá contra el auto de archivo, ya que considera que en el mismo "se acredita que la investigada se extralimitó en sus funciones".
Para el abogado, la profesora a la que denunciaron "dio un exclusivo punto de vista a los alumnos sin explicar los valores constitucionales, el respeto o acatamiento a las sentencias y la independencia del poder judicial como valores constitutivos de un estado democrático de derecho". El abogado ha advertido de que esta conducta "no puede resultar amparada por la libertad de expresión, que no es un valor absoluto".
El caso
El juez sostiene que una de las docentes habría aprovechado su clase "no para ejercer como docente en la materia de la que era profesora en un instituto de secundaria, sino para expresar su opinión acerca de unos hechos concretos, exclusivamente desde su punto de vista".
Eso sí, refleja que esta manifestación se produjo en "un un clima de crispación social como el que se vivía en Cataluña el 2 de octubre de 2017, que tenía a la sociedad catalana profundamente dividida". "Todo ello delante de alumnos adolescentes menores de edad, sin, por tanto, tener en cuenta que podía haber alumnos y padres de alumnos que no compartieran lo manifestado por ella en clase", asegura.