Nuevos datos que vislumbran el plan secesionista de la Generalitat. Carles Viver i Pi Sunyer, bautizado como arquitecto jurídico del procés, contemplaba que los funcionarios del Estado que no hubieran nacido en Cataluña fueran repatriados y se les impidiera poder trabajar en territorio catalán o adquirir la nacionalidad.
Así lo certifica un informe de la Guardia Civil –al que tuvo acceso a Efe–. Viver i Pi Sunyer disponía de un documento en el que recogía un plan para asustar a las empresas poco afines a la causa catalana, con advertencias por expropiaciones forzosas o con tener al nuevo Estado en contra. De la misma forma, se preveía atraer a inversores nuevos con promesas de grandes infraestructuras.
Corrupción
El instituto armado sostiene –a partir del análisis de esta documentación– que este tipo de planteamientos apuntarían a que se podrían estar "institucionalizando prácticas de corrupción en la administración catalana para garantizar que no habría voces discordantes en posiciones de poder en el momento de la secesión".
Entre otros ejemplos, la Guardia Civil explica que con la contratación de personal se pretendía "camuflar" el fichaje de altos cargos a través de plazas de confianza. En cuanto a los cargos intermedios, se preparaba una contratación opaca a partir de las "convicciones personales, servicio al país y perspectivas de ascenso". Se apostaba por una doble contratación pública y privada con la promesa de contrato falso bajo el compromiso de ser legalizado una vez consumada la secesión.
Exculpado
La Guardia Civil ha remitido este informe a la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que en abril pasado exculpó a Viver i Pi Sunyer y no lo procesó junto a la treintena de personas. Entre ellos varios antiguos altos cargos del Govern, investigados en la causa abierta por los preparativos del 1-O.
Este documento, titulado "La atribución de la nacionalidad ante la independencia de Cataluña", es un archivo de agosto de 2015 con el logotipo del Círculo Catalán de Negocios –cuyo secretario es el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell– y la Guardia Civil atribuye su autoría a Enoch Albertí, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), que presidía Viver i Pi Sunyer.