La Fiscalía ha pedido una pena de inhabilitación para Quim Torra. El presidente de la Generalitat se enfrenta a una demanda de 300.000 euros de multa económica y un año y ocho meses sin ejercer cargo público por negarse a acatar la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) en el último ciclo electoral. El organismo había reclamado que se retirara la simbología independentista y los lazos amarillos para mantener la neutralidad en el espacio público, y el líder de JxCat se negó en repetidas ocasiones a acatarlo. 

En concreto, el Fiscal pide en el escrito de acusación una "multa de diez meses con una cuota diaria de 100€, con responsabilidad personal subsidiaria" y un día de cárcel "por cada dos cuotas impagadas". El texto, que remarca que se trata de un delito de desobediencia, recuerda en que la inhabilitación supone "la privación definitiva de estos empleos o cargos públicos y de los honores que le sean ajenos". 

Negativa de Torra

La JEC ordenó a Torra la retirada de toda la simbología independentista como consecuencia de una denuncia de Ciudadanos. El organismo dio 48 horas al Govern para quitar los lazos amarillos de los espacios públicos. 

Para intentar burlar la orden, el Ejecutivo sustituyó el cartel con un lazo amarillo que colgaba del balcón del edificio de la Generalitat, en plaza Sant Jaume, por otro con el mismo símbolo de color blanco. La JEC dio entonces un ultimátum a Torra, que terminó por descolgar la segunda pancarta y colocar en su lugar otra en la que se pedía "libertad de expresión". El resto de consejerías también acataron la resolución, fue Pere Aragonés el primero en hacerlo. 

Batalla judicial

A pesar del acatamiento in extremis del presidente catalán, la Fiscalía se querelló contra el político por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los magistrados aceptaron a trámite la demanda, cuya instrucción solo ha durado cuatro meses. El propio Alto Tribunal autonómico reconocía que se trataba de una investigación muy sencilla. 

El TJSC decidió procesar a Torra por desobediencia y lo dejó a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Desestimó la petición de sobreseimiento de la defensa, que argumentaba que el jefe del Ejecutivo catalán estaba por encima de las decisiones de la JEC. En el auto, los magistrados concluyeron que "no puede invocarse en asuntos electorales una pretendida autonomía frente a la Administración Electoral", y menos, durante las elecciones.