Abril de 2019: el consejero de Territorio, Damià Calvet (Junts per Catalunya) retira del Pleno del Parlament su propuesta de decreto de vivienda ante la falta de apoyos. Junio de 2019: Todos los grupos de la oposición anuncian que votarán en contra del decreto que regula el precio de los alquileres presentado por la consejera de Justicia, Ester Capella (ERC).

Esther Capella (JxCAT), consejera de Justicia de la Generalitat / EUROPA PRESS

Ambas iniciativas ejemplifican el fracaso de las políticas de vivienda del Gobierno presidido por Quim Torra, pero también el empeño de los socios de gobierno por afrontar un previsible adelanto electoral con un expediente de gestión satisfactorio. Dicho de otra manera, ERC y Junts per Catalunya compiten por un buen historial sobre los servicios prestados en esta recta final de legislatura que, verano mediante, culminará con la convocatoria de elecciones catalanas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O.

Los proyectos de Chacón, valor en alza

Los republicanos hace tiempo que siguen esa línea, pues no en vano son los responsables de las cuentas de la Generalitat --el vicepresidente Pere Aragonès es, además, consejero de Economía-- y de las consejerías sociales de mayor calado --Salud y Educación--. Los neoconvergentes, con Torra en cabeza, han optado por erigirse en los garantes de las esencias independentistas y es, en estos últimos meses de mandato agotado, cuando han decidido dar un nuevo brío a sus departamentos.

Fuentes empresariales aseguran a Crónica Global que la consejera de Empresa, Àngels Chacón --¿valor en alza de JxCAT?--, asegura a todo aquel que quiere oírla que existe la voluntad, por parte del Govern, de impulsar numerosos proyectos. Aunque, sobre el papel, solo se conocen pactos nacionales --industria, sociedad del conocimiento… -- o planes estratégicos --ordenación territorial, inteligencia artificial…--.

Hacia la tercera prórroga presupuestaria

Sin embargo, la Generalitat no tiene ni dinero para impulsar esos proyectos, pues se ve abocada a una tercera prórroga presupuestaria, ni mayorías parlamentarias suficientes. “Ni liderazgo, ni gestión ni presupuestos. Lo mejor que puede hacer Torra es convocar elecciones”, aseguraba ayer la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, en relación al decreto sobre alquiler de viviendas que el Govern presentará hoy en el Pleno del Parlament, a pesar de que el Consejo de Garantías Estatutarias ha advertido de que el texto invade competencias estatales y contraviene algunos artículos del Estatut y de la Constitución."El Govern anunció el decreto durante la campaña electoral como medida propagandística y de espaldas a todos el mundo", sostiene la portavoz parlamentaria de los comunes, Susanna Segovia.

El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonès (ERC) / EFE

Todos los partidos de la oposición han anunciado que votarán en contra. Incluida la CUP, el asidero que durante años tuvo Junts y ERC, pero que ahora se desmarcan de quienes no dan muestras de querer implementar la república catalana. Asimismo, Catalunya en Comú-Podem, que en un pasado dieron muestras de complicidad con los independentistas en materia presupuestaria, también plantaron al Govern. Literalmente, pues se levantaron de un mesa de negociación en la que Aragonès no llegó a presentar ni una propuesta concreta. Ni el Consejo Ejecutivo se atrevió a aprobar las cuentas de 2019, que nunca fueron votadas en el Parlament. Respecto a los de 2020, nada se sabe.

La inadmisión de la DUI

Ayer, en la reunión de la Mesa del Parlament, los neoconvergentes lanzaron un guiño a los antisistema, votando a favor de una iniciativa legislativa popular (ILP) que contempla la aprobación de una declaración unilateral de independencia (DUI) en los mismos términos que el texto tumbado por el Tribunal Constitucional en 2017. Por el contrario, ERC se abstuvo. “No podemos vivir de gestos de cara a la galería”, advirtió el presidente del grupo parlamentario republicano, Sergi Sabrià, a sus socios de gobierno. Previamente, el vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, había lanzado esta puya a a los republicanos: “El Parlament no puede ejercer de órgano censor”.

Y es que los caminos de ERC y Junts se bifurcaron hace tiempo y el ejemplo más reciente ha sido la negativa republicana a vetar la investidura de Pedro Sánchez, mientras que los neoconvergentes aseguran que votarán en contra. Pactistas los primeros, rupturistas los segundos. Pero ambas formaciones ya piensan en clave preelectoral. De ahí ese empeño por exhibir la obra bien hecha.

Reveses legislativos para Bargalló

Las urnas han bendecido a ERC y su pragmatismo en las últimas convocatorias electorales, no así JxCAT, que actualmente solo tienen a favor la marca Puigdemont. Pero los republicanos tampoco van a poder acreditar una gestión exitosa. Las medidas para combatir la segregación escolar han sido rechazadas por profesores y padres de alumnas, mientras en el ámbito de la Formación Profesional y cuatro años después de que se aprobara la ley, ahora les ha entrado la prisa a ERC, pues anuncian que el 18 de julio se aprobarán los estatutos de la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesionales de Cataluña.

“En estos momentos se está llevando a cabo un proceso de concertación con agentes sociales y con representantes de los departamentos de la Generalitat implicados en el despliegue de la ley 10/2015”, afirma el consejero de Educación, Josep Bargalló, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la socialista Esther Niubó. Del informe de evaluación del sistema catalán de FP, que debía estar listo en abril --así constaba en una moción aprobada en diciembre de 2018-- nada se sabe todavía. En paralelo, Torra saca pecho de unos índices económicos que, a juicio de los empresarios, pecan de un exceso de euforia. Aumenta el PIB, las exportaciones y la inversión extranjera, mientras que la tasa de paro y el déficit bajan. En este sentido, el Govern ni analiza ni admite el coste de oportunidad que ha tenido el procés.