Una y otra vez. La diplomacia independentista del Govern de Quim Torra se estrella con las autoridades extranjeras en cada ocasión en que lo intenta. Esta vez ha sido en México. El consejero de Exteriores, Alfred Bosch, ha viajado a México, donde la Generalitat ha abierto una oficina, una ‘embajada’ para difundir el proyecto independentista, la primera en Latinoamérica. Y se ha encontrado con un muro férreo: ninguna autoridad se ha reunido con Bosch.
Lo que ha intentado Bosch es afear a España su posición sobre la población indígena, después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hubiera enviado una carta al Rey Felipe VI y al Papa Francisco reclamándoles disculpas por la conquista de los pueblos indígenas. Y como España rechazó ese ‘encargo’, lo ha hecho el consejero catalán, al pedir “disculpas”, y mostrar su compromiso para recuperar “la dignidad que nunca tendría que haberse perdido”.
A favor de los indígenas
Lo ha hecho esta semana, después de una visita al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Y esa reunión sí se produjo, junto al director de asuntos internacionales del INPI, Saúl Vicente Vázquez. “Que tengamos claro que la conquista y la colonización introdujeron una discriminación y una marginación”, insistió Bosch. Las palabras de Vázquez, para agradecer esa posición de Bosch, fueron las que dieron alas al Gobierno catalán, en su particular intento de proyectar el movimiento independentista. Aseguró que los pueblos indígenas de México, “en representación del Gobierno mexicano”, están a favor de “la lucha por la autodeterminación”.
Sin embargo, Bosch no fue recibido por ninguna autoridad del ejecutivo mexicano. Quiso entrevistarse con el secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano, Marcelo Ebrad, y también con el presidente Obrador. Pero recibió contundentes rechazos.
Con recursos públicos
Tampoco pudo hacerlo con los presidentes del Congreso y del Senador, Porfirio Ledo y Martí Batres, respectivamente.
Bosch se ha encontrado con ese rechazo, como ya ha ocurrido con otros gobiernos, especialmente los europeos, que mantienen una máxima: cualquier cuestión que afecte a España debe dirimirse en el seno del Estado español. Y la reivindicación del movimiento independentista debe respetar la Constitución española. Pese a ello, el Gobierno catalán que preside Quim Torra insiste en esa proyección, sin eco alguno, y utilizando recursos públicos, a través de la Generalitat.