Imputadas 15 empresas y entidades por presuntos pagos de comisiones a Convergència a cambio de obras o servicios públicos dentro de la trama del Caso 3%. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, atribuye a las compañías --entre las que se encuentran la Fudación ACS y las constructoras, Copisa, Teyco y Urbaser-- tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
El magistrado ha los representades de las compañías para principios de julio. La noticia, que avanza El Periódico, recoge que deberán declarar el extesorero de CDC, Daniel Osácar; el presidente de Teyco, Jaume Sumarroca Calvervol; y el expresidente de la empresa pública de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Lluis Quer.
Financiación ilegal
El juez remarca en la resolución que se está investigando a altos cargos de CDC que "pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente" a la formación política antecesora del PDeCAT. El modus operandi ya es conocido: "alteraban todo tipo de concursos públicos" con el objetivo de adjucar contratos a empresas que luego hacían "donaciones" a fundaciones ligadas a la extinta formación nacionalista, como Catdem o Forum Barcelona.
Las empresas, según la información, actuaban "con el afán de disimular" las mordidas. Los pagos se realizaban desde otras entidades del mismo holding empresarial mientras que efectuaban pagos a las fundaciones ligadas a CDC. Las licitaciones investigadas ascienden a 218 millones de euros y las comisiones irregulares de un millón. El magistrado pone el punto de mira contra Andreu Viloca, al que señala como responsable de llevar a cabo un "control exhaustivo de las licitaciones" ofrecidas bajo el paraguas del 3%.