La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a retirar la prisión provisional a los políticos procesados por el 1-O y el 20S. El Ministerio Público alerta que el riesgo de fuga --la misma causa por la que se encuentran encarcelados-- persiste en Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Carme Forcadell, por lo que deberán esperar en Soto del Real y en Alcalá Meco, respectivamente, a que el alto tribunal dicte sentencia. 

El escrito del fiscal apunta a que también subsiste el riesgo de reiteración delictiva en todos ellos, lo que "podría convertir en imposible la ejecución de la sentencia". Defiende esta posición en base a las declaraciones de los políticos catalanes en el juicio que ha tenido lugar durante los pasados meses en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que no han dudado en asegurar que volverían a hacer todo lo que les ha llevado ante los jueces. "Lejos de cualquier sentimiento de arrepentimiento, han insistido hasta el final en el frontal rechazo a la restauración del orden jurídico por parte del Estado y en la absoluta convicción de que volverían a cometer los hechos delictivos que son objeto del procedimiento", reza el texto del fiscal. 

Sentencia de inmediata firmeza

El documento remitido al Supremo con las valoraciones de la Fiscalía refleja que el mantenimiento de la prisión preventiva es "incluso más necesario una vez terminado el juicio" ante la inminencia de la sentencia, que adquiriría "inmediatamente firmeza". Es decir, que la cercanía en el tiempo de la decisión del tribunal presidido por Manuel Marchena "acrecienta la obligación de asegurar el cumplimiento y ejecución", que debe ser aplicada lo antes posible. 



"La apariencia de buen derecho se ha incrementado tras el juicio oral" que concluyó el pasado 12 de junio, por lo que el "ambivalente dato del transcurso del tiempo" que llevan en la cárcel debe valorarse, a juicio de la Fiscalía, "como aumento razonable de la posibilidad de una efectiva condena".

Petición de las defensas

El documento fiscal responde a la petición de excarcelación por parte de las defensas de los exconsellers, de la expresidenta del Parlament y del expresidente de ANC. Los letrados de cada uno de ellos que, una vez el juicio ha quedado visto para sentencia, ya no es necesario asegurar que los encausados se encuentren disponibles para asistir al mismo. Además aseguran que no existe riesgo de fuga --dado su arraigo familiar--  y que se pueden aplicar medidas menos gravosas para con su derecho a la libertad.

El fiscal tiene otra opinión respecto a ello: además de en la sentencia próxima a dictarse, vuelve a señalar a Carles Puigdemont, fugado de la justicia, como posible ejemplo a seguir por los políticos presos. De hecho, asegura que "la conexión con otros procesados que se han sustraído a los tribunales españoles" es una de las razones que sustenta que "podrían seguir" sus mismos pasos.