La titular de Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, ha descartado procesar por presunta organización criminal a 28 investigados en la causa, entre ellos a la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; a los directores de TV3, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot, así como a excargos del Diplocat y al secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons.
La magistrada Alejandra Gil ha descartado la peticiópn de la Fiscalía de porcesar a la exsecretaria general de Gobernación Meritxell Masó; la exjefa del área de procesos electorales Montserrat Vidal y al consejero de la empresa Indugraff Josep Maria Gisbert, tal y como solicitaba el Ministerio Público. En el auto justifica su decisión al entender que carecían de la "infraestructura adecuada par realizar un plan criminal" y que no les unía un "acuerdo asociativo duradero".
Mantiene la acusación de malversación
Así, se ha descartado el procesamiento también excargos como el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin; el director de Comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el exdirector de Diplocat Albert Royo, el exdirector de la delegación de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj, y la exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía Natàlia Garriga.
La juez sí mantiene la fianza de 5,8 millones de euros que impuso a los 17 acusados de malversación. La intención de la Fiscalía era añadir organización criminal a los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos. No obstante la magistrada, pesar de rechazar la petición, recuerda a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por Vox que ello no les vincula, por lo que podrán atribuir este delito a los imputados en sus respectivos escritos de calificación, previos al juicio.
Descarta la "trampa" a Gordillo
La magistrada también ha expresado que durante la instrucción de la causa no se ha advertido a ninguno de los procesados de que se les investigaba "por formar parte de una organización criminal de, como mínimo, dos personas que de manera estable o por tiempo indefinido se dedicaban a cometer delitos".
El auto rechaza también el recurso presentado por la defensa del director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, quien alegó que dos directivos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) le tendieron una "trampa" y le presionaron para que asumiera responsabilidades que no tenía sobre la emisión de los anuncios del 1-O.
En su resolución, la magistrada descarta también la petición de la Fiscalía de que se procese por desobediencia a la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, María Àngels Barbarà, por no actuar ante las denuncias que recibió por el uso del censo del 1-O, y recalca que la investigada "sí pidió información" a la Fiscalía y al juzgado sobre si debía suspender los expedientes a la espera de que se resolviera el proceso penal.