Arrancan los trabajos de la ponencia sobre la reforma de las leyes audiovisuales catalanas con el objetivo de aprobar antes de julio la reforma legal que debe permitir despolitizar TV3 y Catalunya Ràdio. Está en juego el control de la televisión catalana, en manos de Junts per Catalunya, y que ahora debe asumir ERC. Todo ello ante la perspectiva de unas elecciones autonómicas, previsiblemente anticipadas, donde resulta fundamental ese poder mediático.
Esa nueva regulación, que lleva dos legislaturas de retraso, pasa por aumentar las mayorías necesarias para elegir a los miembros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente gestor, y la profesionalización de los candidatos. Sin embargo, las diferencias entre los partidos independentistas, que pugnan por el control de TV3, el mercadeo de candidatos, así como las negociaciones frustradas entre los grupos parlamentarios --Ciudadanos las rompió cuando se filtraron sus contactos con los republicanos-- han bloqueado los trabajos.
Concurso de candidatos
El martes se reunió en la Cámara catalana la ponencia encargada de desarrollar el acuerdo de mínimos aprobado el pasado 24 de enero en el Pleno y que fue apoyado por todos los grupos parlamentarios. Ese acuerdo contempla elevar las mayorías necesarias para nombrar a los cargos de la CCMA a dos tercios de la Cámara catalana y garantizar su perfil profesional. Los pactos entre CiU y PP redujeron esas mayorías en 2012. Tanto el Sindicat de Periodistes de Catalunya como los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio han pedido “la máxima diligencia y celeridad en la renovación de las leyes --se incluye también la reforma de la ley del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC)-- para proceder a la renovación del Consejo de Gobierno de la CCMA, del que solo quedan cuatro miembros --Brauli Duart y Josep Vilar renunciaron--, y con el mandato caducado. No nos podemos permitir una CCMA y unos medios sin legitimación democrática”.
También reclaman que la ponencia se atenga al documento aprobado por todos los grupos parlamentarios, que expresaba un consenso de mínimos y dejaba para el Pleno del Parlament la votación de las enmiendas particulares de cada grupo.
Sin embargo, la propuesta de Ciudadanos, al parecer secundada por Catalunya en Comú-Podem y la CUP, de someter a un concurso público a los candidatos a ocupar los cargos de la CCMA y de los medios públicos ha vuelto a complicar la situación. Cs pide, además, la supresión del CAC.
“Aún no hemos entrado en el contenido, pero el tema a debatir ahora es la decisión sobre el concurso”, explica David Pérez, diputado del PSC, a Crónica Global. Los socialistas defienden que solo las direcciones de TV3 y Catalunya Ràdio sean sometidas a ese proceso de selección. Pérez es pesimista respecto a la posibilidad de que esa renovación se produzca antes de las elecciones autonómicas. “La aprobación de las leyes se pueden aprobar de forma rápida, pero decidir nombres es más complicado”, dice.
El caso Gordillo
El PSC no ha ocultado sus diferencias con Saül Gordillo, la propuesta independentista para la presidencia de la CCMA. Un nombre, por tanto, que se considera “quemado”. Asimismo, Gordillo, procesado por desobediencia por la emisión de anuncios del referéndum del 1-O, aseguró ante el juez que dos directivos de la CCMA quisieron tenderle una "trampa" y someterle a una "insoportable presión" para que asumiera una responsabilidad sobre publicidad que no tenía. Una revelación que, de nuevo, destapa las tensiones internas de los independentistas.
Por su parte, el diputado de Cs, David Mejía, asegura que su grupo está dispuesto a aplazar la propuesta de concurso si se convierte en un escollo, y dar prioridad a la aprobación del acuerdo de mínimos.
Los miembros de la ponencia se han citado de nuevo el próximo 18 de junio. “Organizaremos comparecencias muy pragmáticas. Es posible aprobar la nueva ley, siempre y cuando no haya elecciones antes de octubre”, afirma.