Los nuevos eurodiputados españoles no podrán entrar en el Parlamento Europeo, por ahora. El presidente de la institución, Antonio Tajani, ha pedido este jueves que se suspendan las acreditaciones temporales y se anulen las ya emitidas, hasta que las autoridades españolas envíen una lista oficial de los electos.
Esta medida obedece a una petición de los actuales jefes de las delegaciones del PP, el PSOE y Ciudadanos (Esteban González-Pons, Iratxe García y Javier Nart, respectivamente), que este martes presentaron una petición para evitar así que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Comín, puedan acceder a la sede de la Eurocámara en Bruselas.
Evitar "interferencias"
El político italiano toma esta decisión "para evitar cualquier tipo de interferencia en un procedimiento nacional" y asume que la "práctica administrativa" de conceder acreditaciones temporales "puede causar perturbaciones políticas en España, donde los resultados electorales aún no son definitivos y el recuento continúa".
PP, PSOE y Cs pidieron esta suspensión después del incidente con Puigdemont --que hoy ha solicitado acceder a los vídeos de las cámaras de seguridad-- y Comín, ya que a ninguno de los dos se les permitió entrar a por su acreditación temporal. El personal que supervisaba las listas dijo que había instrucciones de no dejarles pasar, pero no les dio más detalles de la situación, según su versión.
Acreditaciones temporales
Sin embargo, otros electos, como José Ramón Bauzá, de Cs; Juan Ignacio Zoido (PP), Diana Riba (ERC) y Pernando Barrena (EH Bildu) sí habían podido entrar a la Eurocámara. Tras conocerse el incidente, los tres partidos pidieron que se suspendieran todas las acreditaciones temporales, de manera que las de estos también quedan suspendidas.
En su respuesta, Tajani explica que, como siempre ha hecho, el Parlamento Europeo concede un pase temporal sobre la base de información no oficial de los Estados miembros, si bien esa acreditación solo es definitiva una vez que llega la lista oficial de los elegidos. Además, aclara que "esta práctica administrativa no tiene efectos legales y no da lugar a ninguno de los derechos que tiene un parlamentario".