El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha archivado la causa contra la concejal y diputada en el Parlament de ERC, Mònica Palacín, por falsedad documental y coacciones. La Fiscalía presentó una querella contra la edil, y también contra cuatro concejales del PSC –Carme Aragonés, Jordi Masnou Ridaura, Silvia Biosca Estopa– y contra el jefe de policía local, Carles Santacreu, por presuntamente intentar coaccionar a dos hoteles para echar a los policías alojados.
Un total de 228 policías fueron alojados en el Hotel Checkin Pineda, mientras que otros 268 agentes lo fueron en el Checkin Mont-Palau. Por eso, el 2 de octubre de 2017 los tenientes de alcaldes y concejales socialistas Carme Aragonés y Jordi Masnou se dirigieron al hotel acompañados del jefe de la policía para instar al propietario "al cierre del hotel y subsiguiente desalojo de los agentes policiales".
Sin intervenir
El auto explica que la concejal de ERC y los dos ediles del PSC se encontraron por casualidad, y que Palacín se unió a la comitiva. El TSJC considera por tanto que "el encuentro causal" y el hecho de que que durante la reunión "mostrara un comportamiento pasivo, sin intervenir directa o indirectamente en la conversación presencial" la exime de dicha responsabilidad.
TSJC también recoge que la concejal imputada tampoco participó en reuniones posteriores para abordar el asunto. No estuvo presente en el encuentro que Aragonés y su compañera de gobierno Silvia Biosca concertaron en el ayuntamiento con los responsables del hotel, donde propusieron un "un comunicado conjunto que se negaron a firmar los directivos".
Protestas
Tras las cargas policiales que se produjeron el 1-O como consecuencia de la intervención policial, muchos ciudadanos se concentraron frente a los hoteles que albergaban agentes de la Policía Nacional. Los directivos declararon entonces que habían recibido presiones de la administración local y que terminaron por expulsar a los policías.
Palacín fue a las listas de ERC en las elecciones del 21D, convocadas tras la aplicación del artículo 155 y la consecuente disolución de la Cámara. Tras hacerse pública la decisión, ha publicado en Twitter que "representar y defender la dignidad de los pinedenses no es ningún delito".