La Fiscalía mantendrá el delito de rebelión en su informe final de contra los políticos procesados en el Tribunal Supremo. En dicho documento, el Ministerio Público dará por probada la existencia de violencia, motivo indispensable para sustentar la acusación más grave a la que se enfrentan los acusados.
Así lo ha avanzado la SER, que explica que la Fiscalía defiende la existencia de una violencia que los acusados "permitieron e instrumentalizaron para presionar y conseguir la independencia de Cataluña". El Ministerio Público también apunta a que la malversación y la desobediencia habrían quedado igual de probadas.
Últimos detalles
Los cuatro fiscales del caso –Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno– tendrán pendiente una última reunión con la que fijar detalles de su informe final. Por ejemplo, en torno a posibles modificaciones de peticiones de prisión o inhabilitación.
El presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, pidió en al sesión del pasado lunes que tanto las acusaciones como las defensas elevaran sus conclusiones "provisionales a definitivas" y "sin solución de continuidad", para pedir que si existieran cambios se presentaran "por escrito".
Peticiones de cárcel
En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía acusó de un relito de rebelión y de sedición a los miembros del Govern de Carles Puigdemont por entender que en 2017 se produjo un "levantamiento generalizado" en Cataluña", que salpicó "actos de fuerza, agresión y violencia".
Oriol Junqueras se lleva la petición más alta de prisión (25 años). Penas más bajas se llevan Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell (17 años por rebelión) o Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva y Josep Rull (16 años de cárcel). Las peticiones de cárcel más bajas son para los que solo han sido procesados por malversación y desobediencia, con Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs (7 años).