La victoria de Carles Puigdemont en las elecciones europeas en Cataluña servirá a los intereses del nacionalismo para seguir internacionalizando su causa. Sin embargo, también otros colectivos de cariz constitucionalista han reaccionado para dar la batalla internacional al Govern.
En esta pugna para convencer a la opinión pública internacional, un grupo de académicos ha firmando un manifiesto en el que denuncian la vulneración de derechos civiles perpretrada por el separatismo catalán. Entre los firmantes más reconocidos se encuentran el historiador John Elliott, el politólogo y profesor en la Universida de Oxford, Michael Freeden, el historiador y politólogo en la Universidad de Los Ángeles, Anthony Padgen o el académico y escritor Jonathan Israel.
Condena a la UAB
Un total de 150 académicos han decidido dar una respuesta conjunta, publicada en The National, al manifiesto previo de otros compañeros suyos que compraban la retórica nacionalista y se atrevían a hablar de "una violación constante de los derechos civiles en Cataluña". Estos profesores universitarios recuerdan que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) vulneró los derechos funamentales de "sus estudiantes no nacionalistas".
Otros de los quebrantamientos a los derechos que subrayan es las "multas punitivas" que aplica el Govern contra aquellos "negocios pequeños" en Cataluña por usar el idioma castellano en sus comercios. Asimismo, explican que en los plenos del 6 y 7 de septiembte se quisó derogar de facto el ordenamiento jurídico español y lamentan que estos académicos afines al movimiento secesionista no mostraran su condena por los "reiterados comentarios xenófobos y racistas" del presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Académicos afines al 'procés' cobraron del Govern
Pero, lejos de quedarse allí, arremeten también directamente contra los académicos que se han mostrado partidarios del procés o que han optado por silenciar los atropellos del nacionalismo catalán. Explican que el Tribunal de Cuentas demostró que el Departamento de Exteriores del Govern se gastó entre 2015 y 2017 más de 400 millones de euros en sus actividades para promover la secesión, y esgrimen que "una parte de este dinero se fueron hacia profesores extranjeros que expresaron su apoyo hacia el movimiento secesionista".
Con este alegato público, esperan poder "concienciar" sobre los "muchos ataques a la libertad individual perpretrados por grupos nacionalistas catalanes".