El Congreso pospone la decisión sobre los diputados presos. La Mesa de la Cámara baja ha decidido solicitar un informe a los letrados para que analice la situación de los diputados independentistas encarcelados que, por ahora, continúan con sus derechos intactos.

Según fuentes de la Cámara, el documento llegará este viernes a las 12:30 h y será analizado por todos los grupos parlamentarios que forman parte de la Mesa en una nueva reunión este viernes.

Seguridad jurídica

Así lo ha confirmado a primera hora de esta tarde la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, explicando que el aplazamiento se produce para garantizar que la decisión definitiva "sea conforme a Derecho" y con las máximas garantías y "seguridad jurídica".

La secretaría general de la Cámara, asimismo, ha solicitado a los letrados de la Mesa un informe sobre los escritos presentados por "diputados de distintas formaciones políticas", dada la diversidad de sus textos, para saber qué preceptos aplicar.

Apoyo de Podemos

"Por todas estas dudas, manifestadas también por los servicios jurídicos" de la Cámara, se reclama el informe con el objetivo de garantizar que la decisión de la Mesa "tiene fundamentos jurídicos sólidos", y no se considere una "decisión política".  

Batet, diputada por el PSC, ha tenido el apoyo de Podemos en la Mesa para imponerse a PP y Ciudadanos, que han pedido la suspensión inmediata de los cuatro diputados en prisión preventiva por el procés independentista de Cataluña: Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez (Junts per Catalunya).

Supremo

Esta mañana, el presidente del tribunal encargado de juzgar el procés, Manuel Marchena, había rechazado pronunciarse sobre la pertinencia de suspender o no las funciones como parlamentarios adquiridas por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez como diputados, y devolvió así la cuestión al Congreso después de que su presidenta, Meritxell Batet, solicitase el parecer del alto tribunal.

Mediante una breve resolución dictada este jueves, Marchena aseveró que la configuración del Supremo hace “inviable” la elaboración del informe requerido por Batet, de ahí que se remita al auto que ya dictó el tribunal el pasado 14 de mayo en el que apuntaba a la responsabilidad del Congreso respecto a la suspensión. “La causa penal va a seguir su curso y es misión de esta Sala salvaguardar los fines del proceso”, recalca el magistrado.