La Fiscalía ha entrado en acción después de que ayer se constituyeran las Cortes con cinco parlamentarios presos en sus escaños y ha remitido un escrito a la Sala encargada del juicio del procés para que solicite al Congreso y al Senado que suspenda “del ejercicio de sus derechos y deberes” como diputados y senador, respectivamente, a los cinco acusados encarcelados que tomaron posesión de sus cargos en sendos hemiciclos: Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez (JxCat) en la Cámara baja y Raül Romeva en la alta.
Mediante un escrito de cinco páginas y de cariz estrictamente jurídico al que ha tenido acceso Crónica Global, el Ministerio Público insta así a que se aplique de forma “inmediata” el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispone una vez decretado el ingreso en prisión provisional contra un reo que, entre otros, haya incurrido en un delito de rebelión --tipo penal del que son acusados los cinco líderes independentistas a la espera de sentencia—deberá quedar automáticamente suspendido del ejercicio del cargo público para el que haya sido designado mientras se encuentre encarcelado de manera provisional.
Condiciones para la suspensión
Los fiscales inciden, por tanto, en que en el caso de los cinco procesados concurren las dos condiciones previstas por la Ley para poder cursar la suspensión: que haya un auto de procesamiento firme por un delito de rebelión y que los inculpados se encuentren en prisión preventiva. “Para la efectividad y cumplimiento de la citada previsión legal, ambas Cámaras parlamentarias deben proceder a la ejecución sin más tramites de la medida de suspensión en el ejercicio de sus funciones”, precisan.
El documento se apoya así en el auto dictado en fase de instrucción el 9 de julio de 2018, que decretaba el encarcelamiento provisional de los cinco acusados con el objetivo de “preservar el orden constitucional impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad”.
Vuelven al Supremo
La suspensión, añade la Fiscalía, cuya adopción debe llevarse a cabo “por imperativo legal”, ha sido avalada además por el Tribunal Constitucional, lo que comporta “la necesidad de comunicar a las Cámaras que, una vez hayan tomado posesión de sus escaños y consolidados sus derechos de participación política, les sea aplicada a los cinco líderes que se sientan en el banquillo de los acusados y que este miércoles han vuelto al Supremo en la que se prevé la última jornada de testificales.
Junqueras, Turull, Rull, Sànchez y Romeva oficializaron sus cargos en el Congreso y en el Senado con la suspensión de sus funciones aún en el aire. En el caso de la Cámara baja, la legislatura arrancó con grandes divisiones entre las fuerzas y la reacción de hostilidad de Vox y Ciudadanos hacia la presencia de los presos en el hemiciclo. La brega fue constante a lo largo de la jornada y augura cuatro años de abiertas divergencias.