“Mi sorpresa es infinita ya que, después de un año y medio más o menos que dejé de vivir en Cataluña, todavía me tienen en la base de datos del SOC, a pesar de haberlo notificado reiteradamente”. De esta forma respondía José Luis Granados al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) cuando, para indignación suya, este organismo dependiente de la Generalitat le envió un correo electrónico en el que le instaba a responder a una encuesta de satisfacción sobre los cursos promovidos por la Generalitat.
Granados se autodefine como un “exiliado del independentismo” --denunció al Govern por el uso de su nombre en el censo utilizado en el referéndum del 1-O, caso que está sub iudice--, pues la presión sufrida durante los años del procés le llevó a tomar la decisión de marcharse junto a su familia a El Puerto de Santa María (Cádiz). De ahí su perplejidad cuando el SOC, una especie de INEM catalán, le envió hace unos días el siguiente email: “Durante el año 2016/2017, usted participó en un curso de formación profesional promovido por el Consorci per la Formació de Catalunya. Actualmente estamos realizando una evaluación de esta formación con el objeto de identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora. En este sentido, es muy importante vuestra valoración, que recogeremos mediante una encuesta”. Adjuntaban el enlace donde poder acceder a la misma.
"Es indignante que me envíen esta encuesta"
Tras recordar que hace más de año y medio que ya no vive en Cataluña, Granados no escondió su malestar. “La sorpresa es aún mayor, ya que es indignante que me envíen esta encuesta y no tengan la cortesía de contestar a mis innumerables escritos enviados por la reclamación de las becas que presuntamente me corresponden; no tienen la dignidad de contestarme ya sea para decirme la resolución por escrito a mi presunta afirmación o denegación”.
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José Luis Granados tiene una discapacidad, cobra una pensión de 800 euros y, en efecto, realizó varios cursos organizados por el SOC --guía turístico local, monitor de tiempo libre, auxiliar administrativo--. Sin embargo, la trasladarse a Cádiz, la convalidación de los certificados se ha inmerso en un proceso burocrático en el que le exigen pagos por duplicados y traducciones al castellano de su expediente. Algo que, precisa, que “las responsables del SOC de Manresa me facilitaron muy cortesmente”. Se encuentra en terreno de nadie, pues ni el Gobierno catalán le acaba de confirmar si tiene derecho a las becas asociadas a esos cursos del SOC y la Junta de Andalucía se inhibe.
Burocracia y ley de dependencia
A esta situación se añaden más obstáculos interterritoriales: la imposibilidad de trabajar “porque no puedo demostrar que tengo mis estudios equivalentes a la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) en la base de datos nacional", explica a Crónica Global”.
Además, el hijo de su pareja tiene reconocida la ayuda por dependencia, “pero ni pagan los meses de atrasos ni nos contestan. Tengo presentado un recurso de alzada”.
¿Encuestas de satisfacción?. Definitivamente, José Luis Granados no está para bromas.