Sálvese quien pueda. Esta sería la estrategia subyacente que ha dominado muchas de las declaraciones que se han oído en el juicio del procés ante el Tribunal Supremo por parte de testigos e investigados. El último episodio que ha hecho emerger la división a la hora de afrontar responsabilidades lo ofreció este lunes Francesc Esteve, director del gabinete jurídico del Govern, cuando dejó sola a la cúpula de TV3 respecto a la decisión de emitir el anuncio del 1-O que tumbó el Tribunal Constitucional.
Esteve habló de la "discrepancia" entre el Govern y la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) acerca de la gratuidad o no de la difusión de la promoción de la votación ilegal. "El encargo del anuncio tenía carácter gratuito y estaba en el convenio general por el que la CCMA tiene que hacer publicidad de las actuaciones que el Gobierno le confiera", defendió Esteve ante el tribunal. No obstante, agregó que la CCMA presentó un escrito reclamando el pago de las facturas.
¿Donación de TV3 a la Generalitat?
Ante esta discrepancia, el Ejecutivo catalán decidió abrir un "un procedimiento de revisión" que, en consecuencia, se resolvió con la "declaración de nulidad" del servicio así como de las facturas posteriores emitidas por razón del mismo,explicó el testigo. Tras la decisión de la Generalitat de no pagar, la cúpula de la CCMA se decantó por generar e incorporar las facturas negativas a su contabilidad--por considerarlas incobrables-- lo que ha permitido a la fiscal Consuelo Madrigal, inquirir en la vista oral al testigo de la Corporación sobre si se trató finalmente de una donación a la Generalitat: "No lo he valorado", contestó lacónicamente Esteve. Fuente jurídicas consultadas por Crónica Global explican, sin embargo, que las donaciones conllevan impuestos y no se pueden realizar gratuitamente ni sin formalidad legal alguna.
Ante las preguntas de la acusación, el director del gabinete jurídico del Govern abundó en esta discrepancia al sostener que "el Departamento de Presidencia entiende que responde a anuncios gratuitos y la CCMA entiende que corresponde a anuncios que debe facturar" y que "la única solución administrativa es la revisión de oficio de ese encargo".
¿Publicidad institucional?
El criterio de la CCMA siempre ha sido que la emisión de ese anuncio no formaba parte del convenio existente para la difusión de contenidos institucionales (y gratuitos) sino que tenía un "carácter político, que sí se factura", ha recordado Fiscalía. Esteve, por su parte, ha considerado la opción de que el conglomerado público audiovisual pueda recurrir la decisión de la Generalitat, pero ha anticipado que el recurso no generó el “enriquecimiento injusto de la Generalitat ni el empobrecimiento de la CCMA porque la emisión de esos anuncios no fue en detrimento de anuncios privados".
El director del gabinete jurídico de la Generalitat también esgrimió que las facturas que se recibieron por los anuncios de TV3 sobre el 1-O llegaron a través de correo electrónico y no por la plataforma de facturación de la administración catalana, por lo que se elaboró un informe en el que se decía que se debían "devolver las facturas". Al haber sido enviado el encargo mediante una dirección "genérica" de correo tampoco hay ningún representante público que se responsabilice de dar la órden a TV3 y Catalunya Ràdio por la difusión de la promoción tumbada por el Tribunal Constitucional.
¿Y ahora qué?
Las declaraciones de Esteve no parece que puedan calmar las aguas y menos en mitad de la macrocausa judicial. La guerra abierta entre la cúpula de la CCMA ya se observó con la defensa del director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, en el juzgado número de 13 de Barcelona, encargado de investigar el 1-O. Carles Moguilod, abogado de Gordillo, denunció "acoso" y presiones por parte de la cúpula de la CCMA para publicitar el 1-O.
Por lo que se ha visto en la 43 jornada del proceso judicial en la sala segunda del Supremo, estas "discrepancias" no solo afectan a miembros de la CCMA, sino también a su relación con el Govern de la Generalitat.