Los independentistas han recibido, entre burlones e indignados, la propuesta del alcaldable del PP, Josep Bou, de potenciar la presencia del Ejército en Barcelona. Sin embargo, el Gobierno de Carles Puigdemont diseñó una unidad militar propia con 22.000 efectivos, mientras que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) apuntaba a una Armada catalana.
La candidata de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha respondido a Bou en un mitin de campaña que “nosotros no necesitamos el Ejército en Barcelona, lo que necesitamos es que en el Bruc (cuartel ubicado en la avenida Diagonal) se pueda hacer vivienda y residencias de estudiantes. Es una zona universitaria, no una zona militar”.
¿Reacción pacifista? ¿O relativismo militar? Lo cierto es que, el Govern del que formaba parte Artadi disponía de informes en los que se planteaba la posibilidad de que una eventual Cataluña independiente contara con un Ejército integrado por entre 18.000 y 22.000 efectivos, sin servicio militar obligatorio e integrado en la OTAN.
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Josep Bou, alcaldable del PP, en el cuartel del Bruc / CG
Así se desprendía de un informe de la Guardia Civil elaborado tras analizar el contenido de 53 correos electrónicos intervenidos al ex secretario de Hacienda Lluís Salvadó, uno de los detenidos el pasado 20 de septiembre por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investigó los preparativos del Govern para el referéndum del 1-O.
Los correos de Salvadó
En septiembre de 2017, Salvadó envió un correo a una cuenta genérica de la vicepresidencia del Govern, en la que adjuntaba el documento La seguridad en la República catalana: primeros planteamientos, en el que se planteaba la creación de un Ejército catalán. El documento cifraba entre 18.000 y 22.000 el número de efectivos y consideraba que la ‘república’ debería plantearse si quiere un cuerpo de defensa formado por profesionales o por milicias, además de su rol internacional.
El propio Puigdemont se mostró partidario de que la eventual Cataluña independiente tuviera Ejército propio. «Es absolutamente indispensable», afirmó. «No debemos tener complejos, hace falta una política de defensa moderna», añadió. La ley de transitoriedad jurídica, suspendida por el Tribunal Constitucional, abogaba por la salida del Ejército español de Cataluña, pero no aclaraba si la futura república catalana tendría fuerzas armadas. Esquerra y la CUP estaban en contra.
Una división naval catalana
Por su parte, la comisión sectorial de Defensa de la ANC elaboró en 2014 un documento que concretaba cómo debería ser la división naval de un Ejército catalán, una especie de Armada de Cataluña con unos 2.000 efectivos, diseñada de manera que pueda «controlar las aguas territoriales» tras una hipotética independencia.
El informe preveía la puesta en marcha de una Academia Naval para formar a los futuros oficiales y suboficiales. Para ello, se planteaba llegar a un acuerdo con algún otro Estado -señalaba al Reino Unido como mejor candidato- para que asumir la formación de estos cargos. Los autores del informe sugerían establecer alianzas con diferentes instituciones internacionales que trabajan en la defensa del Mediterráneo como la OTAN.
El estudio generó controversia interna, pues en un comunicado, la ANC precisaba que los posicionamientos oficiales de la entidad solo son aquellos expresados por la Asamblea General o por el Secretariado Nacional y todos sus órganos.