La Fiscalía de Madrid se ha mostrado hoy a favor de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital estime el recurso que ha presentado la candidatura Lliures per Europa (la lista europea de JxCat) contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí de las listas para las elecciones europeas del 26 de mayo.

El ministerio público considera que la resolución de la JEC “vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo” del expresidente catalán y de sus exconsejeros, todos ellos huidos de la justicia española. En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha celebrado la decisión de la Fiscalía de no oponerse a sus candidaturas.

La JEC señaló que están huidos

El fiscal se apoya en el voto particular discrepante que acompañaba la resolución del organismo supervisor, emitido por cuatro miembros, en el que se consideraba que la JEC debía haber apostado por una interpretación más favorable del ordenamiento jurídico primando el derecho a la participación política.

Según la resolución de la JEC, adoptada el pasado lunes tras un recurso de PP y Cs, los tres políticos catalanes no pueden ser electores y tampoco "elegibles" porque no figuran adecuadamente en el censo electoral. En ese sentido, señala que Puigdemont y sus consejeros aparecen como residentes en España pese a que "es notorio" que no están en esos municipios, sino que "desde hace dos años están fuera del territorio nacional para evadirse de la acción de la justicia".

La excepción, con sentencia firme

Por su parte, la fiscalía recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 7.2, permite medios de prueba alternativos al censo de electores como que el interesado reúna "todas las condiciones exigidas para ello". En este sentido, para el fiscal, el "ello" al que se hace referencia se explica en el artículo 31.1 de la misma norma que precisa que "el censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio".

Así, la "idea clave", dice el escrito, es que "la condición de elector se identifica plenamente con la efectiva titularidad del derecho fundamental al sufragio activo". Además, señala que la "única excepción legalmente prevista" es la introducida en el artículo 3 de la LOREG, en el año 2018, que hace mención expresa a "condenados por sentencia judicial firme", que no se ha dado en caso de los políticos independentistas.

Los presos preventivos sí son candidatos

Por otro lado, el ministerio público destaca que el censo electoral designa la mesa en la que los votantes pueden ejercer su derecho al voto, si así lo desean, y que en este caso concreto no "hay ninguna norma jurídica vigente que impida que puedan efectivamente (intentar) votar" sin perjuicio de que "al intentar hacerlo y antes de conseguirlo son detenidos como consecuencia de su situación judicial de rebeldía".

El fiscal justifica sus alegaciones en que es un "hecho notorio" que algunos de los líderes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo "en el mismo procedimiento en que se hallan rebeldes" Puigdemont, Ponsatí y Comín "han podido ejercer su derecho a presentarse a las elecciones, sin objeción de la propia JEC".

Toque de atención a JxCat

Por otro lado, el fiscal aprovecha también este informe para afear que JxCat, así como los tres procesados huidos, hayan presentado sendos escritos ante el Tribunal Supremo, alegando que la legislación es "confusa".

La fiscalía asegura que no existe "margen para la inseguridad jurídica" sobre quién tiene la competencia judicial para estudiar estos recursos. "Esto se traduce en un claro abuso de derecho por parte de los recurrentes", afirma el representante del ministerio público, que considera que tratan de "poner en juego una especie de azar competencial" para ocasionar el riesgo de "generar resoluciones contradictorias".

Recursos

La fiscalía se refería de esta forma a que JxCat presentó ayer tres recursos ante un tribunal contencioso administrativo de Madrid, el Tribunal Supremo y la propia JEC contra la exclusión de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

La formación nacionalista argumentó que el expresident y los exconsellers tienen sus "derechos políticos intactos" y deberían poderse presentar sin problemas, por lo que consideró que la decisión de la JEC muestra una "falta de imparcialidad aberrante". Y defendió la batería de recursos alegando que no estaba claro quién tenía la competencia.

Las reacciones

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha celebrado la decisión de la fiscalía de no oponerse a sus candidaturas. Ha alertado de que si la decisión de la JEC sale adelante, estarán "abriendo la puerta a vulnerar los derechos políticos de cualquier ciudadano de este país". 

La número dos de JxCat a las elecciones municipales en Barcelona, Elsa Artadi, ha confiado en que la justicia rechace la decisión de la JEC y permita la candidatura de Puigdemont a las elecciones europeas: "Mañana veremos cómo el juez nos da la razón porque estamos en el lado correcto de la legalidad y de la historia". Y ha destacado que "hasta el fiscal" está de acuerdo en que se puedan presentar.