La estrategia de internacionalización del proceso independentista acumula un nuevo capítulo, esta vez de la mano de Quim Torra. Si hasta ahora la hoja de ruta pasaba por sumar simpatías de pequeños estados como Estonia o Eslovenia y buscar alianzas con partidos independentistas europeos, ahora el ejecutivo catalán está invirtiendo muchos recursos en EEUU para tratar de provocar una condena internacional a España por una supuesta violación de derechos fundamentales. 

Torra tiene como objetivo la Comisión Helsinki de Estados Unidos, que es el órgano casi desconocido pero influyente que está integrado por miembros de la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Su misión? La vigilancia del cumplimiento de los principios inspiradores que provocaron la creación de la Organización para Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). De esta institución, forman parte 57 países y España es uno de ellos. La OSCE se encarga de supervisar desafíos transnacionales como terrorismo, armamento, y seguridad humana. También tiene potestad en sistemas democráticos y respeto a los derechos humanos. 

 

Llegar al foco

El independentismo está intentando colarse por la puerta de atrás, tal y como publica la exclusiva de El Confidencial. La sede de la OSCE está en Viena, pero es en Washington donde se toman las decisiones más importantes. Es ahí donde la Generalitat quiere poner el foco, puesto que cualquier resolución a favor de un referéndum o contra el "comportamiento represor del Estado español" daría alas a la dialéctica secesionista. 

El plan independentista para influir en esa institución ha dejado rastro en el FARA (Foreign Agents Registration Act), donde deben quedar registradas todas las instituciones extranjeras que hacen de lobby en territorio estadounidense. El lobby que contrató la Generalitat a través del Diplocat para difundir su argumentario sobre el 1-O en suelo estadounidense, SGR Consulting, envió un primer correo con información de la consulta a Mark Milosch.  

Condena de la OSCE

El organismo ya se había pronunciado sobre lo sucedido durante el 1-O: "El referéndum planteó dos temas separados que fueron discutidos. La primera fue la legitimidad del esfuerzo en el contexto del derecho a la libre determinación, y la segunda fue el derecho a asociarse libremente y expresar las opiniones individuales, independientemente de si el resultado sería reconocido oficialmente de alguna manera". 

Madrid respondió a eso que el referéndum había sido declarado en julio y que no tenía ninguna legalidad. No obstante, algunos oradores expresaron su disconformidad por la violencia ejercida y llegaron incluso a considerar lo sucedido como una violación. Ante eso, Torra quiere una condena mucho más clara para trasladar "la lucha por los derechos civiles y la autodeterminación".