El pasado domingo, los ciudadanos españoles votaron a partidos políticos de índole muy diferente. Por tanto, discreparon. No obstante, estoy seguro de que casi todos tuvieron un mismo deseo: un gobierno estable. Un nuevo ejecutivo que afronte los principales retos del país, tanto a corto como a largo plazo. En materia económica, considero que son los siguientes:

a) La reducción de la tasa estructural de desempleo. En la mayoría de los países avanzados, la tasa natural de paro se sitúa alrededor del 4%. Cuando alcanza dicho nivel, los economistas decimos que el país ha obtenido el pleno empleo. En dicha situación, casi todos los trabajadores desempleados lo están por dos motivos: se han incorporado recientemente al mercado laboral o han decidido dejar la empresa donde trabajaban y buscar otra donde hacerlo.

Desde la llegada de la democracia, la menor tasa de paro en España ha sido del 7,93%. Fue lograda en el tercer trimestre de 2007, después de 14 años de expansión ininterrumpida. Por tanto, el diagnóstico es claro: la economía española posee una tasa estructural muy superior a casi todo el resto de países desarrollados.

Para reducirla, hay que disminuir el gasto en prestaciones por desempleo y aumentar el realizado en la mejora de la capacitación profesional de los trabajadores. Por un lado, creo conveniente rebajar el período de cobro desde los 24 a los 12 meses, si la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. El objetivo es incentivar al parado a buscar un trabajo en los días siguientes a su despido, en lugar de un año o más después.

Por el otro, propongo que la preparación de los desempleados la realicen exclusivamente empresas del sector privado, excluyendo de la misma a sindicatos y patronales. Hasta el momento, la desarrollada por estas organizaciones ha constituido un fracaso total. Les ha servido para financiarse, pero no para mejorar la empleabilidad de los parados.

Dichas empresas tendrían dos principales funciones: realizar una formación que mejore la cualificación profesional de los empleados y encontrarles a estos un puesto de trabajo. La percepción recibida por la primera sería escasa y considerable la obtenida por la segunda. Por tanto, una remuneración casi completamente ligada a objetivos.

b) El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la eliminación del déficit de la Seguridad Social. Con o sin acuerdo del Pacto de Toledo, el nuevo ejecutivo debería adoptar medidas que asegurarán, como mínimo hasta 2040, la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y el cumplimiento del contrato implícito que hace muchos años el Estado suscribió con los actuales y futuros jubilados: una subida anual de la pensión igual a la tasa de inflación.

No obstante, tendría que indicarles que dicho último logro es imposible sin que la población realice algunos sacrificios. El principal sería retrasar de forma casi inmediata la edad de jubilación a los 70 años y dificultar mucho la anticipada. Además, la cotización de los trabajadores debería ser proporcional a su salario, sin establecer ningún tope a su importe, la primera pensión tomaría como base de cálculo la totalidad de la vida laboral y el número mínimo de años cotizados imprescindibles para recibir una pasaría de 15 a 20.

c) Eliminar los contratos temporales. En las empresas, los trabajadores con contrato indefinido y temporal suelen realizar las mismas actividades. No obstante, no cobran igual, sino bastante menos los segundos que los primeros. En 2016, los empleados fijos percibieron por término medio el 45,7% más que los eventuales.

Con el objetivo de eliminar dicha diferencia, tanto los trabajadores temporales actuales como los nuevos pasarían a poseer un contrato fijo. La indemnización por despido equivaldría a 20 días por año trabajado y sería pagada anualmente por la empresa, aunque continuaran formando parte de la plantilla.

El importe abonado iría a un fondo que el empleado solo podría rescatar en el momento del despido o la jubilación. En contraposición, aquél sería libre y sin coste adicional. Cada lustro, las empresas que hubieran despedido menos del 5% de la plantilla, tendría derecho a recibir del Ministerio de Trabajo una bonificación equivalente a la mitad de la cuantía pagada.

d) Incentivar el incremento de la productividad de los trabajadores. A largo plazo, el incremento del nivel de vida de los ciudadanos depende principalmente del aumento de la productividad. No obstante, este solo puede ser el objetivo principal del modelo de crecimiento de un país cuando la tasa de desempleo es baja. Si es elevada, la prioridad es reducirla. Además, resulta muy difícil obtener a la vez un gran aumento de la productividad y de la ocupación.

Dada la elevada tasa de paro actual, el modelo económico en los próximos años debe estar enfocado a la disminución del desempleo. No obstante, desde 2019, el nuevo ejecutivo debe preparar a la nación para el cambio de prioridades. Una transformación que sería deseable que se ejecutará a partir de 2022, cuando probablemente la tasa de paro se sitúe en el 8%.

Una de las medidas que más impulsaría la productividad sería la conversión de las universidades públicas en el departamento de I +D+i de numerosas pequeñas y medianas empresas. Aunque parezca increíble, conseguirlo no cuesta casi dinero, pues podría lograrse con solo variar los incentivos que actualmente tienen los profesores universitarios. En síntesis, dando más relevancia a la investigación aplicada que a la básica y valorando en mucha mayor medida la consultoría empresarial

Los anteriores retos no son ni mucho menos los únicos. También existen otros importantes, tales como la mejora de la distribución de la renta, la completa recuperación del Estado del bienestar, el incremento del poder adquisitivo de los salarios o la disminución del precio de la energía. Indudablemente, el nuevo ejecutivo tiene mucho trabajo por delante.