La UE aprueba una directiva para proteger a las personas que denuncien la corrupción

La Unión Europea ha aprobado una directiva que permitirá reforzar la protección de denunciantes de la corrupción. Con 591 votos a favor, la Eurocámara ha dado el visto bueno a esta medida negociada entre el Parlamento, la Comisión europea y el Consejo que afectará a los 28 Estados miembros.

La iniciativa legislativa señala que los trabajadores públicos o privados que reporten delitos contra el patrimonio y otros delitos económicos deberán recibir una protección especial. De acuerdo con una encuesta realizada por la propia Comisión en 2017 --obtenida a partir de 5.707 respuestas; 7% procedentes de España--, el 96% de los consultados están a favor de reforzar el régimen jurídico de protección de los informadores. 

¿A quién afectará?

El artículo 4 de la Directiva insta a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para garantizar el reporte y seguimiento de las denuncias.El efecto de estas reformas deberá extenderse al sector público, pero también al privado cuando superen los 50 trabajadores o con una facturación anual superior a 10 millones de euros.

La Comisión europea estimó, en un estudio de 2017, que las pérdidas potenciales en el sector público debido a la falta de protección de los whistleblowers --denunciantes, en inglés-- podría alcanzar hasta los 9.600 millones de euros.

Principales medidas protectoras

En cuanto a la protección de las personas denunciantes, la legislación deberá asegurar que no se tomen represalias contra ellas. De este modo, los estados deberán prohibir que el denunciado, la empresa, administración o terceros tomen medidas como el despido, suspensión, traslado, acciones disciplinarias, intimidación o falta de renovación del contrato.

Ahora los Estados miembros deberán adaptar su legislación para cumplir estos objetivos antes del 15 de mayo de 2021. A nivel nacional, la normativa es de especial trascendencia por dos motivos: en primer lugar, porque el informe de la Comisión de dos años atrás situaba a España en el grupo que menos protección ofrece a los denunciantes, junto a Bulgaria, Croacia, Finlandia y Grecia.

Deber de denuncia

Por otra parte, la importancia de la adaptación de esta directiva dará más sentido al deber de denuncia recogido en Ley de enjuiciamiento criminal. De acuerdo con esta fuente legal, quien presencie la comisión de cualquier delito “está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare”.