Los mossos que quieren huir del independentismo se hartan

Aseguran que la situación es insostenible y que el Gobierno no hace nada por facilitar que los agentes de los Mossos d’Esquadra puedan incorporarse a la Policía Nacional o la Guardia Civil, aunque las leyes y la Constitución así lo contemplan. La politización que la cúpula de la Consejería de Interior aplica en la policía autonómica ha provocado que entre 300 y 500 agentes reclamen la pasarela a otros cuerpos.

El Defensor del Pueblo ha reclamado en dos ocasiones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, información sobre esa regulación. Pero las elecciones generales, así como la estrategia de desinflamación del PSOE en Cataluña demoran la aprobación de un reglamento que desarrolle la disposición adicional cuarta de la ley 9/2015 del Régimen de Personal de la Policía Nacional. La misma establece que “los funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas podrán ingresar en la Policía Nacional, en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia”. Ante esta situación de bloqueo, la Asociación Policías Autonómicos por la Pasarela (PAP) estudia acudir a los tribunales, vía contencioso-administrativo.

Lo que dice la Constitución

Tal como publicó Crónica Global entre 300 y 500 mossos se plantean pedir la denominada “pasarela” a otros cuerpos. Abandonar la policía autonómica supone una pérdida de entre 300 (CNP) y 400 euros (Guardia Civil) al mes. “Si hubiera equiparación, con tanto politiqueo, la cifra de interesados subiría”, asegura desde PAP, una plataforma creada este año para lograr esa pasarela bidireccional entre cuerpos. Invocan los artículos 14 (igualdad) y 19 (derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional) de la Constitución, así como la situación de otros cuerpos de funcionarios --profesores, funcionarios de prisiones, sanitarios-- que pueden optar a puestos de trabajo de todo el territorio nacional.

La delegada del Gobierno, Teresa Cunillera y el ministro de Interior, Fernando-Grande Marlaska, junto a representantes policiales

Ayer mismo, el Defensor del Pueblo informó a la PAP de que “ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad, se comunica que con esta misma fecha se ha requerido la remisión urgente de la misma”. Una vez que la citada administración envíe la información solicitada, se le dará traslado de su contenido y de las actuaciones que en su caso procedan”.

Derecho a la movilidad

Detrás del retraso al que alude el escrito del Ombudsman español está la convocatoria de las elecciones generales y, según fuentes policiales, la estrategia de desinflamación del PSOE en Cataluña. “Solo pedimos que se aplique la ley y la Constitución, que reconoce nuestro derecho a esa movilidad”, explica a Crónica Global un mosso que permanece a la espera de esa incorporación a la Policía Nacional. Se trata del hijo de un policía que resultó herido en un atentado de ETA en Errenteria en 1982. En su caso, la Ley de Víctimas del Terrorismo también avala esa incorporación. “Si en su día fue posible que guardias civiles y policías pudieran incorporarse a los Mossos ¿por qué no se nos permite a los policías autonómicos pasar a esos cuerpos estatales?”, se pregunta este agente.

Miquel Buch, 'conseller' de Interior del Govern de Torra / EFE

Otras fuentes de ese sector de mossos hartos de la politización aseguran que la situación es insostenible. “El 1 de octubre comprobé que ya no había vuelta atrás. A quienes no somos independentistas nos señalan, nos apartan”, asegura un policía. Desde Jusapol, asociación apolítica y asindical dedicada a proteger los derechos de los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional, abogan también por la pasarela en el marco de su defensa de la equiparación total entre cuerpos policiales

Situación de indefensión

La intervención del Defensor del Pueblo responde a la queja presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el pasado mes de diciembre por “la situación de indefensión de los integrantes de este cuerpo de seguridad ante la politización de sus funciones y la precariedad de sus condiciones laborales”.

Esta institución admitió a trámite esta queja, coincidiendo con la citación a declarar ante la División de Asuntos Internos (DAI) del mosso que, en el transcurso de un protesta, se dirigió a un manifestante (un agente forestal que, al igual que miembros del cuerpo de bomberos, se manifestaban con uniforme) interpelándole con la frase “la república no existe, idiota”.

CSIF inició una ronda de contactos con los grupos parlamentarios del PP, Vox, Ciudadanos --que defienden la pasarela-- y PSOE, formación esta última, aseguran fuentes de este cuerpo, que expresó sus temores ante la posibilidad de que una fuga de mossos constitucionalistas convirtiera el cuerpo catalán en un feudo independentista.