El PSOE es un partido “constitucional”, y, por tanto, no tiene justificación un veto a los socialistas, liderados por Pedro Sánchez. Con esa premisa distintos interlocutores, del mundo político, económico y social, están presionando a Albert Rivera para que rectifique y abandone el veto que ha establecido a Pedro Sánchez. Con los números que manejan todos los partidos, además de las encuestas públicas y de medios de comunicación, lo que se percibe como "posible y deseable" es un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, la opción para formar un Gobierno “eficaz”. Rivera es consciente de que esa presión se incrementará en los próximos días y justo después de la noche electoral del 28 de abril.
Uno de esos interlocutores es Manuel Valls, que mantiene una relación complicada con Rivera, con difíciles equilibrios en su lista electoral a la alcaldía de Barcelona. Valls sabe que si Ciudadanos se instala en el ‘no’ a Sánchez, con unos resultados, además, que no cumplan con las expectativas, no tendrá apenas opciones para aspirar a la alcaldía en las elecciones municipales del 26 de mayo. El argumento de Valls para convencer a Rivera es que se debería establecer un gran acuerdo con los partidos constitucionalistas: Ciudanos, PP y PSOE, sabedor de que quien lidera las encuestas es Pedro Sánchez. Pero tanto Rivera como José Manuel Villegas, el secretario general del partido, insisten en que no harán presidente a Sánchez, pero la presión puede ser determinante para un cambio en el último momento.
Albert Rivera, candidato de Ciudadanos
Un gobierno fuerte para la legislatura
Esa presión llega desde uno de los fundadores de Ciudadanos, el catedrático de derecho constitucional, Francesc de Carreras, que ha hecho llegar su malestar por esa actitud de Rivera. Su posición, además, la ha reflejado públicamente en un artículo en El País, en el que analiza las distintas posiciones de cada partido, y constata que en España en estos momentos tanto PP, como Ciudadanos y PSOE son partidos “constitucionalistas”, y que su obligación es llegar a acuerdos, frente a Vox, o algunos planteamientos de Podemos, que pide reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña.
De Carreras se pregunta por qué se mantiene ese veto: "¿Qué sentido tienen los vetos entre los partidos constitucionalistas, PSOE, PP y Ciudadanos, cuando sus posibilidades de entenderse y colaborar son muy amplias y se evitará repetir la experiencia de estos últimos cuatro años perdidos debido a la inestabilidad parlamentaria y la ineficacia de los gobiernos de minoría, dado que España necesita en estos momentos un gobierno fuerte, sólido y que dure toda una legislatura?”
Rivera y Manuel Valls
¿Arrimadas a la espera?
Rivera conoce la oposición del poder financiero, y de las organizaciones empresariales. También la de sus propios referentes en Ciudadanos, a pesar de que se ha ido distanciando de todos ellos. Y tiene presente una cuestión que irá planeando en toda la campaña electoral, como señala un interlocutor del mundo empresarial: “con unos malos resultados, en función de sus expectativas, ¿con qué argumento Rivera se opondrá a facilitar la investidura de Pedro Sánchez?, porque en ese caso la presión para que dé un paso al lado será enorme, con Inés Arrimadas como posible recambio”. Es decir, Arrimadas no deja de aparecer en todas las estrategias que se establecen en los despachos económicos de Madrid, pero también de Barcelona.
Los anuncios de Pablo Casado, la posición del líder del PP, tampoco ayuda a Rivera. Ese mundo económico tiene muchas dudas sobre la capacidad de Casado, que ha apostado por un economista como Daniel Lacalle que va más allá del liberalismo tolerado. Por el ello, el centro se ha situado en el PSOE, con la necesidad de que llegue acuerdos con Ciudadanos, dejando a un lado a Unidas Podemos y al bloque de partidos independentistas y nacionalistas vascos.
¿En qué momento Rivera comenzará a variar su posición? Por ahora mantiene su veto. Pero comienza una campaña que, como apuntan los expertos en demoscopia consultados, “puede ser muy larga para sus intereses”.