Revés a la petición de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Oriol Junqueras para conseguir la libertad provisional con el objetivo de hacer campaña durante los 15 días que dura la contienda electoral. El Tribunal Supremo ha decidido denegar la petición de los candidatos encarcelados por unanimidad. La sala considera que no se han modificado los motivos por los que se decidió su encarcelamiento preventivo hasta la sentencia que los magistrados dicten sobre la causa abierta del procés.
La decisión se toma tras la elección de Jordi Sànchez como candidato por Barcelona en la lista de Junts per Catalunya, que además pidió la posibilidad de celebrar un debate en la cárcel dada su situación de privación de libertad. En la misma línea, se pronunciaron sus compañeros de partido Jordi Turull y Josep Rull, que se encuentran en la misma situación. A ello se sumaron las peticiones del candiato de ERC por Barcelona, Oriol Junqueras, y de su homólogo al Senado, Raül Romeva.
Justificación
El Supremo afirma que la prisión preventiva no supone ninguna "vulneración de los derechos políticos" de los candidatos procesados. De la misma forma, considera que los letrados pueden tenir "una comunicación fluida y permanente" durante la visita. De la misma forma, Marchena quiere tener a disposición a los políticos presos encarcelados a lo largo de todo el juicio. El alto tribunal teme que su puesta en libertad pueda traducirse en una posibilidad de fuga o en un riesgo de volver a cometer el delito por el que se les acusa.
La defensa consideraba que la prisión era un impedimento para poder desarrollar su campaña electoral. Es más, los abogados han asegurado que se estaba produciendo una limitación "grave de sus derechos políticos como candidatos". La decisión tomada por el tribunal que preside Marchena será comunicada a lo largo de este jueves a todos los procesados.
Fiscalía
La Fiscalía se oponía a la petición de libertad para hacer campaña de los políticos encarcelados. En un duro escrito remitido al Supremo, el organismo judicial alertaba del "riesgo de reiteración delictiva". En el mismo texto se defendía también el "riesto de fuga", dado que son liderazgos y estaban implicados en los hechos delictivos como "el juicio oral está acreditando".
El Tribunal Supremo se declaró como no-competente ante la otra petición hecha por un político preso independentista: Hacer un debate en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Jordi Sànchez alegaba que era la fórmula para conjugar su situación como preso y a la vez garantizar sus derechos como candidato.
Reclamaciones
La situación procesal de algunos de los candidatos ha generado otras peticiones además de las peticiones de libertad correspondientes. ERC pidió a Instituciones Penitenciarias la posibilidad de celebrar debates en las cárceles catalanas y se acogió al precedente de Adelante Andalucía, que celebró un mitin electoral en una prisión.
La misma fomación ha pedido que se suspenda el juicio hasta que haya pasado la contienda electoral del 28 de abril. Los republicanos critican que la formación ultraderechista Vox tenga tanta visibilidad mediática gracias al juicio. En el escrito remitido a la Junta Electoral Central pide además que el partido de extrema derecha no pueda ejercer la acusación popular durante la camapaña electoral, puesto que eso supondría "dopar" a la formación de Santiago Abascal.