Pedro Sánchez tiene intención de "blindar" las pensiones en la Constitución en caso de ser reelegido presidente del Gobierno en las elecciones generales del próximo 28 de abril, y actualizarlas cada año conforme al IPC.
El líder del PSOE pretende garantizar de este modo el carácter público del sistema, su sostenibilidad y revalorización. Y, en una entrevista en 65ymás.com, apunta que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 900 euros mensuales, "podría servir de referencia" para parte de las pensiones mínimas.
Actualización según el IPC
"Frente a quienes quieren mantener el actual índice de revalorización del 0,25%, mi Gobierno defiende actualizarlas anualmente según el IPC real", ha declarado Sánchez.
El presidente afirma que si su partido consigue "una amplia mayoría parlamentaria, me comprometo a blindar en la Constitución el carácter público del sistema de pensiones, su sostenibilidad financiera y su revalorización". Y destaca que también trabajará "para garantizar oportunidades laborales y vivienda digna a muchos adultos que deben refugiarse en casa de los abuelos".
Evitar el "riesgo de pobreza"
Respecto a la referencia del SMI para las pensiones mínimas, Sánchez ha matizado que en algunos casos, dependiendo del tipo de pensión y de las condiciones familiares del beneficiario, las mínimas podrían superar ese importe, o bien quedarse por debajo: "Debe asumirse un compromiso de mejora de las pensiones mínimas para garantizar un nivel de renta digno que evite el riesgo de pobreza", ha apuntado.
El programa electoral del PSOE se compromete además a eliminar el déficit de la Seguridad Social en cinco años. Sánchez explica que el equilibrio financiero del sistema debe lograrse por dos vías: mejorando los ingresos por cotizaciones y aumentando las bases mínimas y máximas de cotización, así como las aportaciones del Estado a la Seguridad Social.
Los casos de Alemania y Francia
El presidente del Gobierno considera que las cotizaciones continúan soportando la financiación de partidas que no le corresponden de forma estricta a la Seguridad Social, es decir, que se trata de "gastos impropios". Y pone como ejemplo los incentivos a la contratación.
"La asunción por el Estado de estos gastos supondría incrementar la aportación estatal para la financiación del sistema, corrigiendo de esta forma la diferencia existente con otros países de referencia del entorno europeo: en Francia o Alemania la financiación de las pensiones a través de la aportación del Estado supera el 25% del total de ingresos", declara.