Los pactos electorales en Andorra, pendientes de una denuncia

Andorra está sumida desde este lunes en un proceso de negociación entre los partidos que han conseguido representación en el Consell General del Principado para formar el próximo Gobierno del país. Ganó de nuevo Demòcrates d’Andorra (DA), pero no obtuvo la mayoría necesaria para nombrar a Xavier Espot presidente. Ahora, una presunta denuncia haría aún más complejo este proceso.

El exministro de Asuntos Sociales, Justicia e Interior podría ser acusado de alterar un atestado de la policía para evitar verse implicado en un caso de posesión de sustancias ilegales. Según publica La Valira, los tribunales del Principado (Batllia) tienen desde hace día en su haber una denuncia sobre la desaparición de los archivos de la Policía del país en que se explicaba cómo se había confiscado 0,4 gramos de cocaína y 0,8 gramos de speed-MDMA en un coche aparcado cerca de la discoteca Buda una noche de febrero de 2011.

Exoneración de Espot

Según se reconoce en el atestado cocinado, Espot estaba dentro de un vehículo estacionado en la avenida Salou de Andorra la Vella junto con su amigo Fabrice Mezy. En el relato que habría sido alterado, según la demanda que aún no se ha presentado, el ciudadano francés habría reconocido de forma voluntaria llevar encima las sustancias ilegales. Explicó que eran para el consumo personal y exoneró al actual líder de DA, quien, a su vez, manifestó que desconocía los hechos.

El problema es que Espot en ese momento ejercía de juez en el Principado. Si hubiera reconocido alguna implicación con las drogas, hubiera sido expulsado de la carrera judicial por varios supuestos delictivos y su carrera política hubiera quedado truncada.

Campaña electoral

Según el medio local, la denuncia se presentará en cuestión de días. Justifica que no se hizo antes para evitar alterar la campaña electoral en el país vecino.

Si se llegara a aceptar a trámite, la Batllia debe estudiarla de antemano, el político podría ser acusado de los delitos de corrupción, corrupción judicial,  obstaculización de funciones públicos, omisión de su deber de impedir o perseguir delitos, tenencia de drogas que causan daños graves para la salud y prevaricación administrativa. Se apunta desde el Principado que ninguno de estos supuestos habrían prescrito a pesar de que han pasado ocho años desde que tuvieron lugar.