¿A quién le importan las políticas sociales? Eso es lo que debe preguntarse Quim Torra cuando traza –o le trazan– su hoja de ruta al frente de la gestión de Cataluña. Mientras su ejecutivo pregona el concepto vacío de "hacer república" las listas de espera en Cataluña se disparan y muchas personas tienen problemas para recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGI). El gobierno catalán se siente más cómodo en su mar de lazos amarillos y sus hojas de ruta mágicos. 

El Govern afirma que sus presupuestos son los más sociales de toda la historia, puesto que suponen una inversión en políticas sociales superior al 70%. No obstante, tienen un problema: Nadie se los quiere aprobar. La negativa del independentismo de aprobar las cuentas de Pedro Sánchez tiró por la borda cualquier negociación con la izquierda. De hecho, hubo un acercamiento entre los comunes y el ejecutivo de Torra, aunque los de Colau pusieron como condición el apoyo a las cuentas socialistas, la subida del IRFP hasta el 25,5% y el incremento del impuesto de sucesiones a cambio de seguir negociando las cuentas. 

Sanidad catalana

Tal y como recoge El País, todavía queda mucho por recorrer para frenar la austeridad de Artur Mas. El gobierno de Quim Torra culpa al déficit fiscal como la causa de esta falta de fondos para las políticas sociales. No obstante, los agentes sociales cada vez están más indignados la parálisis del gobierno. De hecho, tal y como recoge ese diario, un 53,1% de los catalanes consideran que Torra "no sabe como resolver los problemas del país". El president estuvo mudo durante la huelga de cinco días de médicos de los CAP, que tuvo la salud paralizada durante una semana.

Las protestas tenían un fundamento: las listas de espera se disparan. El número de pacientes que esperan una prueba diagnóstica ha crecido en un 23,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, y que representan 27.736 más desde que Torra tomó posesión del cargo. Lo mismo pasa con las operaciones (+10%). Declaraciones de Marea Blanca recogidas por El País afirman que esta situació se debe a la falta "de una dotación presupuestaria estructural para frenar las listas de espera". 

Renta Garantizada de Ciudadanía

Esta causa también afecta a la RGI, una prestación que pueden percibir las personas de más de 23 años, con dos de residencia en Cataluña, sin patrimonio y con las ayudas administrativas agotadas. De hecho, esta iniciativa fue aprobada gracias a una ILP que el Parlament votó por unanimidad en 2017. Tras dos años, de las 133.746 solicitudes nuevas solo se han aprobado 10.468. De los 120.004 beneficiarios de esta ayuda, la inmensa mayoría ya percibían la anterior renta mínima. 

La Generalitat además reconoce que existen 350.000 personas en situación de pobreza severa. Los obstáculos del gobierno catalán pone las medidas que reclaman los ciudadanos y que se evidencian en el decreto reciente sobre el modelo de vivienda protegida. En el texto se liberaliza el modelo de vivienda protegida para fijar los precios en función del valor del barrio en el que se sitúe.