La Fiscalía de Cataluña se querellará contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un posible delito de desobediencia. La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido la denuncia presentada por el organismo tras la polémica de los lazos amarillos y su posterior suspensión por parte de la Junta Electoral Central (JEC). Aunque se ha registrado, todavía está pendiente su admisión a trámite.
Torra intentó sortear la suspensión de la JEC, que obligaba a la retirada de lazos amarillos para garantizar la neutralidad del espacio público, cambiando el símbolo amarillo de la fachada de la Generalitat de Cataluña por uno blanco con una franja roja que lo atraviesa. Asimismo, el Govern presentó alegaciones a la decisión del organismo electoral que fueron rechazadas.
Larga polémica
Tras la negativa de Torra de quitar los lazos amarillos, la Junta Electoral emitió un segundo informe donde invalidaba la nueva pancarta e insistía con la retirada de la simbología independentista de los edificios públicos durante el periodo electoral. En el segundo requerimiento se explicitaba que debían estar descolgados antes de las 3 de la tarde y los Mossos d'Esquadra recibieron la orden para quitarlos.
Torra desistió y quitó la simbología del Palau de la Generalitat, aunque ha puesto en su lugar una pancarta en la que se pide "libertad de expresión y opinión" como un "derecho humano". El Govern quería evitar la imagen de la policía catalana descolgando carteles, y más tras su la polémica actuación durante el referéndum ilegal del 1-O. No obstante, este cuerpo policial tuvo que intervenir en algunos edificios y más de 2.700 escuelas.
Cruce de denuncias
El president anunció que presentaría un contencioso-administrativo contra la JEC por prevaricación, puesto que acusó al organismo electoral de "arbitrario". Al mismo tiempo, la Junta había elevado a la Fiscalía Superior del Estado la negativa de Torra de retirar la simbología independentista e intentar una triquiñuela para sortear la suspensión. Este organismo remitió a su homólogo autonómico el caso, que ha sido el que finalmente se ha querellado contra el líder del ejecutivo catalán.
No todos los miembros del ejecutivo catalán han afrontado de la misma forma la polémica de los lazos amarillos. El vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, fue el primer conseller que decidió retirar la simbología independentista para acatar la decisión de la Junta Electoral. Su decisión se desmarcó de la petición de los todavía diputados de ERC Joan Tardà y Gabriel Rufián. Sus compañeros de partido animaban al presidente de la Generalitat a desobedecer la resolución electoral, porque defendían que eran consecuencia "de una anomalía" y aseguraban que en un país "en el que hay presos políticos y exiliados" los símbolos polémicos "son una denuncia de esta situación".
Otros casos
Los lazos amarillos han sido progatonistas de otras polémicas. La Junta Electoral de Zona de Barcelona obligió al ayuntamiento presidido por Ada Colau a retirar el lazo amarillo que colgaba del balcón del consistorio. A diferencia de la polémica con la Generalitat, que fue a partir de una denuncia de Cs, en este caso el responsable fue el portavoz del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz.
De la misma forma, la Generalitat retiró un lazo amarillo que tenía en el Pati dels Tarongers, solo a la vista de las personas que transitaban la sede de gobierno autonómica de Cataluña. En ese caso, la formación naranja había amenazado con denunciar otra vez ante la JEC al Govern por mantener ese símbolo colgado en la pared.