Quim Torra podría enfrentarse a un delito de desobediencia. La Fiscal General del Estado, María José Segarra, remitirá al fiscal de Cataluña la querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras recibir el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) "por la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir derivada del incumplimiento consciente y reiterado de los Acuerdos de esta Junta de fecha 11 y 18 de marzo de 2019".
El Ministerio Público evita especificar por qué delitos se acusará al president, aunque insiste en que el "incumplimiento consciente y reiterado" de los acuerdos de la Junta Electoral podría atribuirse a un delito de desobediencia. El artículo 410 del Código Penal lo tipifica como una "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Lazos retirados
La decisión se ha conocido justo después de que Quim Torra retirara la pancarta con el lazo blanco que colgó para intentar sortear la suspensión de la Junta Electoral. La JEC había dado la orden, en un segundo requerimiento tras el ninguneo del primero, que insistía en la necesidad de retirar la simbología independentista de los edificios públicos de la Generalitat.
La junta daba hasta las 15:00 horas de este viernes para que se retiraran los carteles secesionistas, y había dado orden a los Mossos d'Esquadra para que hicieran cumplir la resolución de este organismo judicial. El ejecutivo catalán temía que fuera la policía catalana la que quitara los lazos amarillos, y más después de su controvertida actuación durante el referéndum ilegal del 1-O.
Antecedentes
El presidente de la Generalitat había afirmado días anteriores que estaba dispuesto a "defender la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias". No obstante, esta mañana el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, ha sido el primer miembro del ejecutivo en acatar la resolución de la JEC.
Torra ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el organismo electoral. Además, el titular de la plaza Sant Jaume demandará la semana que viene al organismo electoral por prevaricación, dada la "arbitrariedad" en la toma de sus decisiones.