El juicio del procés ha entrado en una nueva fase: la relativa a cómo se articuló la proyección internacional del referéndum del 1-O. Y aunque la de este miércoles ha sido una de las sesiones más breves de cuantas se han celebrado hasta el momento, ha servido para hacer aflorar la disparidad de versiones acerca de un mismo hecho como es si la Generalitat financió con fondos públicos la contratación de expertos que otorgasen una apariencia de normalidad a la organización de la consulta y si aquéllos eran o no observadores internacionales encargados de analizar el desarrollo de la jornada llevada a cabo el 1 de octubre de 2017.

El decimosexto día de la vista oral se ha prolongado apenas tres horas en las que no ha faltado la crispación, principalmente por parte del fiscal Jaime Moreno, que veía como un testigo, exresponsable del área de Difusión Jaume Mestre, se le escapaba de las manos con sus “no sé” y “no lo recuerdo” --no en vano ha solicitado que sea investigado ante la posible comisión de un delito de falso testimonio--, mientras el exsecretario general del Diplocat Albert Royo calificaba de “visitantes” internacionales --y no de observadores-- a quienes el 1-O se encontraban presentes en Barcelona para posteriormente deliberar sobre el desenlace de la jornada.

Choque de versiones

Su declaración, en la que ha llegado a asegurar que la presencia de la comisión de expertos, encabezada por Helena Hatt, no era “una misión de observación electoral”, choca de frente con las conclusiones que tan sólo un día después de la celebración del referéndum lanzó la propia Hatt: ella misma habló de lo que se considera una “jornada electoral” en la que, además, se produjeron improvisaciones y modificaciones en el último momento que convirtieron las votaciones en un proceso “incoherente” en toda Cataluña y que tampoco se ceñían a lo establecido por la ley y la organización de la consulta.

El propio análisis de Hatt --que también incluía referencias a “la voluntad firme del pueblo catalán a expresarse a través de las urnas” y que quienes trabajaban en los colegios lo hacían “sin señal alguna de manipulación o mala fe”-- desmonta sin dificultades la tesis de Mestre, que a lo largo de toda su comparecencia ha querido hacer ver que la presencia de los expertos no atendía a la celebración del referéndum sino que se trataba de un proyecto académico “de varios meses sobre las relaciones entre Cataluña y España”.

Hatt debía hoy ofrecer su versión de los hechos en el Tribunal Supremo, donde estaba citada a declarar como testigo junto a Paul Sinning, si bien, finalmente, sus comparecencias han sido aplazadas al próximo 27 de marzo.

Las defensas se aferran al testigo

El testigo, a diferencia de quienes han desfilado ante el tribunal en los últimos días, ha puesto fácil el interrogatorio de las defensas, que se han agarrado a su declaración como clavo ardiendo. Así lo ha hecho el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, al tratar de desligar la labor del Diplocat con la de la Generalitat y desvirtuando, por tanto, la posible comisión de un delito de malversación que la Fiscalía atribuye a su patrocinado y a otros cinco de los procesados que se sientan en el banquillo.

“Nosotros no éramos Generalitat”, ha subrayado el testigo respecto a un ente la mayor parte de cuya financiación corre a cargo del Govern. De hecho, entre un 85% y un 90% de los fondos que recibe proceden de las arcas públicas.

Naturaleza jurídica del Diplocat

La discusión sobre la naturaleza jurídica del Diplocat ha discurrido por senderos tortuosos en los que los alegatos de Mestre parecían perder fuerza por momentos y ha resucitado antiguos debates sobre la fiscalización de determinados consorcios. Tal es el caso de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), pieza clave en otra macrocausa, la relativa al desvío de fondos a través del Instituto Nóos --presidido por Iñaki Urdangarin--, y que el Tribunal de Cuentas calificó de entidad integrante del sector público por proceder del Ayuntamiento de Valencia más del 80% de sus ingresos anuales.

De hecho, el informe del órgano fiscalizador, correspondiente a 2009, señalaba que la dependencia económica de estas fundaciones con determinadas administraciones públicas para el desarrollo de sus actividades "debería llevar a considerarlas como integrantes de ese sector público", en aquel caso de ámbito local por estar centrado el documento en el estudio de hasta 407 fundaciones subvencionadas por parte de ayuntamientos y diputaciones.

La tesis de la Fiscalía

Los alegatos del exresponsable del Diplocat dirigidos no sólo a desmarcar el ente de la Generalitat sino también de la organización del referéndum están reñidos con la tesis de la Fiscalía, que asevera cómo este órgano “venía actuando como una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal” y, “como herramienta privilegiada de lobby, era el encargado de difundir el mensaje y objetivos independentistas en diversos países”.

Lo hacía, según el ministerio fiscal, bajo la apariencia de un consorcio público-privado y “en completa vinculación” con el Govern, que aprueba y modifica sus presupuestos y puede acordar por iniciativa propia su disolución. “En su calidad de órgano de la Administración pública autonómica, se nutre de recursos públicos que le proporciona la Generalitat, la cual se hace cargo de todos los gastos de locales, personal y servicios necesarios para su funcionamiento, y está sometido al control financiero de la Intervención General”.