El entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su número dos, Oriol Junqueras, la secretaria de ERC, Marta Rovira, y una veintena de personas más se reúnen en el Palau de Pedralbes. El objetivo, abordar el desarrollo de un programa para posibilitar las votaciones electrónicas durante la celebración del referéndum del 1-O. Los dos técnicos con quienes contactaron desde la Generalitat para llevar a cabo el proyecto, que contaba con un presupuesto de entre 400.000 y 500.000 euros y finalmente no culminó, han situado al exjefe del Ejecutivo catalán y a su exvicepresidente en el epicentro de la toma de decisiones dirigidas a la búsqueda del sistema de votación.
En apenas tres cuartos de hora, los dos testigos han puesto sobre la mesa las claves de cómo la Administración catalana buscó la forma de implementar la logística que permitiera los sufragios mediante tecnología blockchain. Durante su declaración, Quim Franquesa ha recordado que fue el excargo de ERC Xavier Vendrell quien, identificándose por teléfono como Jordi, se puso en contacto con él para conocer si sería capaz de impulsar el sistema. Tras ello, Franquesa habló con Nos y en agosto se reunieron en Pedralbes con representantes de la Generalitat a fin de explicarles el sistema de las votaciones electrónicas.
“Sabíamos que era para el referéndum, pero nos dijeron que sería algo legal y que estaría amparado por una Ley que se iba a aprobar en el Parlament. Les dijimos que si iba a ser legal no había problema”, ha manifestado.
“La Generalitat no iba a pagar”
Tanto Franquesa como Nos han recordado que tanto Puigdemont como Junqueras y Rovira estaban presentes en el encuentro de Pedralbes, además de otras “quince o veinte personas”. El primero ha manifestado que tan sólo se habló del proyecto, sin precisarse cantidad alguna, aunque sí “dejaron claro que la Generalitat no iba a pagar absolutamente nada, sino que lo haría una tercera parte. ¿Quién era esa tercera parte? Eso ya no lo sé”, ha respondido el testigo a las preguntas del fiscal en torno a los posibles gastos en los que el Gobierno autonómico habría incurrido de cara al referéndum.
Nos ha ido más allá al señalar que el presupuesto asignado a la iniciativa osciló entre los 400.000 y los 500.000 euros, si bien no llegó a abonarse puesto que el proyecto no se desarrolló. "No se habló de ningún contrato, no había dinero y vimos que era un proyecto que no llevaba a ningún sitio, por lo que nos echamos para atrás”, ha recalcado Nos al ser inquirido al respecto por la letrada de la Abogacía del Estado.
urnas 1O referendum papeletas
Urnas y papeletas del referéndum ilegal del 1-O / MINISTERIO DEL INTERIOR
Otro de los testimonios de la duodécima jornada ha sido el de la diseñadora gráfica Teresa Guix, quien diseñó la web Pactepelreferendum a principios de 2017. Meses después, en julio, realizó una factura negativa para no cobrar por el trabajo tras ser citada en la Guardia Civil por estos hechos. “Pensé que era mejor anularlo", ha declarado, apuntando al entonces responsable de contenidos digitales de Presidencia, Roc Fernàndez, como la persona que le encargó el proyecto, a través del cual se proporcionaba información sobre las asociaciones y personas “que estaban de acuerdo en realizar un referéndum pactado".
Asignaciones y fondos públicos
A lo largo de una tarde en la que las acusaciones se han centrado en determinar si la Generalitat asignó fondos y recursos públicos a financiar la preparación y la ejecución de la consulta y, por tanto, la comisión de un delito de malversación, las partes también han interpelado a la directora de oficina de Focus Media, a la que le fueron encargados un contrato para la difusión en prensa escrita de la campaña Registro de residentes en el exterior y la denominada Civisme, que la empresa rechazó por desacuerdos en la tarifa después de que le comunicasen que se trataba de una campaña política. La Generalitat, finalmente, no llevó a cabo esta iniciativa.
También el responsable de Nothingad Comunicació ha comparecido en relación al diseño de la primera de las campañas. En su caso, ha manifestado que ésta nada tenía que ver con el referéndum sino "para notificar a los que viven fuera de Cataluña que si se registraban podían disfrutar del centro médico, del carnet jove y demás". Tampoco llegó a cobrar por ella, según su testimonio, lo que ha causado el asombro del fiscal Jaime Moreno cuando el testigo ha manifestado la factura, de 80.000 euros, la dieron por perdida. “¿80.000 euros tirados? Yo 80.000 euros no los tengo todos los días, si los pierdo me da algo", ha apuntado el representante del Ministerio Público empleando la ironía.
Los anuncios en prensa
Los últimos en tomar asiento ante el tribunal han sido la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, quien “por indicación” de su abogado se ha acogido a su derecho a no declarar –está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona–, y el director del diario El Punt Avui, Xavier Xirgo, a raíz de los anuncios sobre el referéndum que publicó su medio previos al 1-O. Unas inserciones que, ha explicado, fueron publicadas “sin ánimo de lucro” y que cesaron cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les requirió que “paráramos”.
"Aparte de informar y opinar, en algunos temas, si son temas sobre valores fundamentales, como la discriminación, [la publicidad] se inserta de forma gratuita”, ha explicado, aseverando que el diario consideró que el derecho a decidir “era un valor fundamental” pero trasladando la responsabilidad al departamento comercial.