El proyecto de Constitución de una hipotética Cataluña independiente contemplaba la posibilidad de prohibir a los partidos políticos que no aceptaran la "república" catalana o su Carta Magna.

Eso es lo que consta en uno de los últimos informes enviados por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado por parte de los independentistas.

Límites a la pluralidad política

El documento en cuestión, al cual ha tenido acceso Europa Press, fue intervenido por la Benemérita al exsenador y exjuez Santiago Vidal, y en el mismo se regulaba desde la existencia de partidos políticos hasta el futuro de los militares y guardias civiles en el territorio.

Así, en el redactado de ese presunto texto constitucional, en su título II, se afirmaba que "se permitirá la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución".

Además de esas prohibiciones, los independentistas también propusieron espiar a los grupos que pudieran actuar contra el nuevo Estado y crear una "unidad especializada en españolismo violento".

Funcionarios y la nacionalidad

En otro de sus enunciados, en el capítulo VI, se decía que todos los funcionarios del nuevo Estado debían tener una "única nacionalidad", la catalana. Para lo cual se les concedía un plazo de seis meses a partir del día de la declaración de independencia para decidir si querían seguir siendo ciudadanos del Reino de España. En ese caso, serían cesados, aunque se les permitiría seguir viviendo en Cataluña.

Por lo que respecta a los militares de origen no catalán y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España o de un gobierno extranjero, no podrían obtener ni conservar la ciudadanía catalana. La única posibilidad de lograrla sería si dichos profesionales "renunciaran a la nacionalidad de origen", y en ocasiones excepcionales.

Ejército catalán y "control del territorio"

Otro de los aspectos que se contemplaban en los documentos hallados en los registros practicados a Santiago Vidal es la planificación de todas las estructuras necesarias para constituir el nuevo Estado independiente. Y entre ellos figuran el orden público y la defensa. En este sentido, además de los Mossos d'Esquadra, se preveía que Cataluña contara con un ejército para responder a las emergencias internas y externas.

En este sentido, se estimaba imprescindible que el Gobierno catalán garantizara el control del orden público ante la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), y permitir que el procés se desarrollara con normalidad porque "para ser aceptado como Estado hay que ser capaz de garantizar la seguridad de las personas y el control del territorio". 

Para este fin, consideraban que la Policía debería disponer de información sobre los grupos que pudieran actuar contra el nuevo Estado y cómo hacerlo, apuntando que "los máximos mandos han de contar con absoluta lealtad al cuerpo y no tener ninguna duda".

Enseñanza, medios y "símbolos"

En el texto que analizan los investigadores se habla también de que la "búsqueda de información sensible" debe concernir a una "agencia de inteligencia". Y plantea una "unidad especializada en españolismo violento" con el objetivo de obtener información para "administrar el ejercicio de la presión policial".

El documento analizado por la Guardia Civil habla también de la enseñanza, que se define como "un vehículo de socialización política y de cohesión social" que junto con "los medios de comunicación y otros espacios públicos compartidos y la vivencia de los símbolos nacionales, fortalezcan vínculos, lealtad y el sentimiento de pertenencia al nuevo Estado".