Un nuevo informe de la Guardia Civil apunta que el Govern de Carles Puigdemont habría dilapidado al menos 17 millones de euros de fondos públicos para la creación de las llamadas estructuras de Estado. La Benemérita ha llegado a esta conclusión, que refuerza la acusación por un delito de malversación contra los líderes independentistas, a través de un pendrive incautado a Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda cuando Oriol Junqueras fue consejero de Economia de la Generalitat.

El documento del Instituto Armado, que ha avanzado El Confidencial, sostiene que esta cantidad estaba destinada a desarrollar las primeras fases de la futura agencia tributaria catalana, que además exigiría para su puesta en marcha el desembolso de unos 500.000.000 euros y la contratración de 7.000 funcionarios. Aunque la Generalitat no llegó a destinar estos fondos, “se puede afirmar que parte de los recursos que tenían previsto gastar se han dispuesto efectivamente”, afirman los investigadores. 

Memoria USB

Algunas de las medidas elaboradas desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda "se integran en la vía autonómica" pero son "un paso intermedio para ir implantando muchas otras con el objetivo último de crear el Estado catalán y garantizar su viabilidad económica”, recoge el informe que, según el citado medio, ya está incorporado al sumario sobre el procés en el Juzgado número 13 de Barcelona. 

De hecho, la Guardia Civil manifiesta que la Generalitat destinó cerca de 8 millones de euros en deplegar la “Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal”; así como 4,5 millones en la implantanción de la administración tributaria en el territorio, y cerca de 5 millones más en desarrollar las primeras fases de una aplicación que permitiría gestionar los impuestos. 

Malversación

Hasta la fecha, la Benemérita atribuía a la Generalitat el desvío de 4,7 millones de euros para el referéndum del 1-O. Un informe que el juez instructor Pablo Llarena incluyó durante el proceso de instrucción y que probaría la malversación de fondos públicos. Aunque este nuevo documento no se puede incluir en la misma causa, por la que se juzga a los líderes del procés en el Tribunal Supremo, complica el papel de las acusados, como el propio Junqueras, por este delito que conlleva penas de hasta 12 años de cárcel.