Obviando los acuerdos parlamentarios que instan al Govern a ampliar su parque público de vivienda, el Institut Català del Sòl (Incasòl), empresa dependiente de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad, vuelve a vender terrenos de su propiedad. Y lo hace de nuevo en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). A pesar de que la política de vivienda ha estado durante 32 años en manos de CDC, el parque público de la Generalitat no supera el 2%, muy por debajo de la media europea, que alcanza el 15%. Así lo recuerda Ciudadanos en una propuesta de resolución presentada en el Parlament, donde se insta a la Generalitat a no enajenar su patrimonio y destinarlo a la vivienda protegida.
El 17 de octubre de 2018, la Comisión de Territorio aprobó una resolución 96/XII, propuesta por Ciudadanos, sobre el mantenimiento de la titularidad pública de los terrenos de Incasòl. En la iniciativa se instaba al Govern a garantizar que todas las parcelas de propiedad de esta empresa pública calificadas de uso residencial y situadas en municipios considerados de alta demanda acreditada, mantuvieran la titularidad pública y sólo pudieran tener como destino la promoción de vivienda en régimen de alquiler asequible o de cesión de uso.
El diputado de Ciudadanos, Sergio Sanz (en primer plano) junto a los concejales de Cs en Sant Adrià de Besós Pedro Sánchez, Óscar Marjalizo y Francisco Navarro, presentan una iniciativa parlamentaria sobre vivienda pública / CG
El diputado de Ciudadanos, Sergio Sanz (en primer plano) junto a los concejales de Cs en Sant Adrià de Besòs / CG
Asimismo, la resolución requería al gobierno autonómico que, para cumplir con los objetivos de la resolución, procediera a revisar y reconsiderar las operaciones de venta de terrenos urbanos propiedad del Incasòl que estaban en marcha en ese momento y los que se hubiesen previsto para el futuro.
Sin embargo, denuncia la formación naranja, la Generalitat ha hecho caso omiso. El pasado 29 de enero, el departamento de Territorio y Sostenibilidad, con Damià Calvet al frente (PDeCAT) anunció la venta los terrenos de la antigua fábrica de cartón Llandrich de Sant Adrià de Besòs, propiedad de Incasòl.
Según la información proporcionada por el propio Departamento, se prevé construir 120 viviendas, de las cuales 60 podrán ser destinadas a la venta libre, 20 a la venta con precio concertado y sólo 40 serán destinadas a alquiler protegido.
Por ello, Ciudadanos ha presentado una nueva propuesta de resolución (PR) en la Cámara catalana con la finalidad de exigir al Govern que cancele la venta de esos terrenos y busque “los mecanismos legales y de financiación oportunos para que se garantice la titularidad pública de las viviendas que se desarrollen”. Asimismo, la iniciativa quiere reafirmar el compromiso del Parlament con los objetivos de la resolución 96/XII. El diputado de Ciudadanos, Sergio Sanz y los concejales de Cs en Sant Adrià Pedro Sánchez, Óscar Marjalizo y Francisco Navarro, registraron ayer la iniciativa parlamentaria.
En esta PR, Cs recuerda que, en el área metropolitana de Barcelona, el pago de la vivienda “es uno de los principales problemas económicos a los que tienen que hacer frente los ciudadanos, especialmente debido al incremento de precios sufridos durante los últimos años”. La solución al problema de la vivienda requiere, añaden, “de una planificación que permita a la administración pública dotarse de un parque público de vivienda suficiente como para competir con el mercado privado, como demuestran ejemplos como Viena”.
La resolución parlamentaria mencionada se aprobó “precisamente, para evitar situaciones como la de los terrenos que el gobierno autonómico pretende vender en Sant Adrià de Besòs, que ha sido tónica habitual durante muchos años y que debe abandonarse a favor de un nuevo modelo que permita crear y consolidar ese parque público de vivienda”.
Los precedentes
En efecto, en julio de 2018, el Incasòl cerró una operación consistente en la venta de una parcela en Sant Adrià de Besòs a la cooperativa Lar Unió Catalònia, con la finalidad de construir 102 pisos, 52 de los cuales serían de protección oficial y los 50 restantes, tendrían un régimen protegido de precio concertado --unos 3.000 euros por metro cuadrado--.
Asimismo, en 2017, el Incasòl --que entonces estaba dirigido por Calvet, quien previamente que había trabajado en el sector inmobiliario-- vendió al grupo La Llave de Oro una parcela en Can Sant Joan, en Rubí (Barcelona) con la finalidad de construir una promoción de 38 viviendas.
Las competencias en materia de vivienda han estado en manos de CDC durante 32 años, pero el parque público de la Generalitat apenas se ha ampliado. No supera el 2%, muy por debajo de la media europea, que alcanza el 15%.