Raül Romeva, exconsejero de Acción Exterior de la Generalitat, se ha presentado ante el tribunal que juzga el caso del procés como un "preso político", de manera que ha decidido responder sólo a su abogado, y no a la Fiscalía porque, al igual que hizo el exvicepresidente Oriol Juqueras, considera que se enfrenta a "un juicio político".

Romeva se ha expresado en estos términos en la cuarta sesión del juicio del procés independentista, que se celebra en el Tribunal Supremo, acusado de un delito de rebelión agravada por malversación por el que se enfrenta a una posible pena de 16 años de prisión.

El papel de las 'embajadas'

Sobre su actuación en los hechos que se juzgan, la Fiscalía sostiene que participó en las reuniones para organizar el proceso independentista. Con la finalidad de celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior --que funcionaban como embajadas--; de la campaña internacional de la Generalitat; y de las páginas web internacionales y la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales.

El exconsejero ha iniciado su interrogatorio apuntando que no responderá a las preguntas del Ministerio Fiscal, en la misma línea que alegó Junqueras la pasada semana, con quien comparte abogado defensor, Andreu Van den Eynde. Y ha recordado que "hoy hace 365 días estoy en prisión".

Romeva solo responde las preguntas de su abogado

Entre otras cuestiones, el político de ERC ha afirmado que, a su juicio, el referéndum independentista del 1-O no fue inconstitucional, porque la Constitución no prohíbe de forma expresa este tipo de votaciones.

También ha destacado que no existió ningún alzamiento violento y que, por tanto, no se le debería acusar de rebelión.

"Debería incomodar a los demócratas"

En ese sentido, el exconseller de Exteriore ha considerado "preocupante" que quienes, como él, defienden los valores europeos estén hoy en el banquillo de los acusados, y quienes los amenazan "se sientan en el estrado, entre las acusaciones", en una velada referencia a la acusación popular ejercida por Vox.

"Eso debería incomodar a los demócratas, no solo a los independentistas, porque es difícil concebir una realidad tan paradójica como la que estamos viviendo", ha mantenido.

Romeva, que antes de liderar la candidatura JxSí al Parlament fue eurodiputado con ICV-EUiA, se ha presentado ante el tribunal como un hombre de paz, por lo que ha repasado su biografía, como objetor de conciencia y simpatizante de movimientos pacifistas, así como su carrera profesional en Intermón Oxfam, en la Unesco y en la OSCE o como profesor de relaciones internacionales o resolución de conflictos en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Insiste en el 'derecho a la autodeterminación'

El exconseller ha recordado que "siempre" ha apostado por el derecho a la autodeterminación "como objetivo legal y legítimo". Y ha afirmado que discrepa de la Fiscalía en que ese principio debe circunscribirse a los procesos de descolonización, ya que a su entender puede ejercerse "en la medida en que se ha intentado todo antes".

En opinión de Raül Romeva, "esto funciona muy bien en el caso de Cataluña, es un ejemplo claro de haber intentado hacer las cosas de otra forma si no ha habido otro avance".

El 'exconseller' Raül Romeva durante el juicio del 'procés' / EFE

Romeva, durante el juicio en el Supremo / EFE

"Todo arranca con la sentencia del Estatut"

Romeva ha situado el "punto de inflexión y momento relevante" del proceso soberanista en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña del año 2010, pues supuso una "ruptura emocional dramática" para él y para muchos otros catalanes.



"Yo hasta 2010, como otra mucha gente, no era independentista, era federalista", ha explicado. Y ha acusado al Constitucional de ser "un tribunal altamente politizado".

Considera "delirante" la malversación

El exconsejero ha considerado "delirante" que se le acuse de malversar fondos públicos, teniendo en cuenta que todos los gastos de su Departamento "tienen que ver con actuaciones lícitas".

En respuesta a su abogado, Romeva, a quien la Fiscalía acusa de malversar fondos públicos por los gastos de las oficinas diplomáticas de la Generalitat en el extranjero y los observadores internacionales del 1-O, ha afirmado que "todavía" no ha visto "ni una sola acción" llevada a cabo por su Departamento que pueda constituir delito. "¿Cómo puede ser ilícito hacer una conferencia en el Parlamento Europeo? Y menos ilícito penal", ha apuntado.

Romeva ha detallado que las conferencias que su Departamento pagó "hablaban de libertades, de derechos y de cómo frenar el auge de la extrema derecha en Europa", por lo que le "sorprende" ser acusado de malversación por esos hechos en un juicio que tiene entre sus acusaciones a quienes "amenazan" los valores europeos de libertad e igualdad.

"No incitamos a la violencia"

El dirigente de ERC, asimismo, ha negado cualquier tipo de violencia en el proceso independentista de Cataluña por parte de la Generalitat ni de la ciudadanía, no solo por no ser "deseable" para alcanzarla, sino por ser "francamente poco inteligente".

Romeva ha defendido que el Govern al que pertenecía no hizo "nunca jamás" ninguna "incitación a la violencia": "Rotundamente no". "Ante la represión, no violencia", ese era el "mandato cívico, político e institucional" que, según el político, la Generalitat predicó ante la ciudadanía, y no solo por convicción ideológica sino porque "es mucho mas probable conseguir el objetivo legítimo" que se plantearon "utilizando mecanismos no violentos".



Romeva ha negado también que hubiera violencia en el asedio frente a la Consejería de Economía por los registros judiciales del 20 de septiembre de 2017. Por tanto, según Romeva, "las únicas armas que ha habido han sido las de la Guardia Civil" y es, a su juicio, "absolutamente pernicioso hablar de alzamiento cuando los hechos demuestran lo contrario".

Culpa a la policía

A su juicio, sí que hubo violencia el 1-O, pero por parte de las Fuerzas de Seguridad, ejercida con "crudeza" sin justificación y de manera "contraproducente" ante la que la ciudadanía, que respondió con una "resistencia pacífica", y que dio lugar a "una enorme cantidad de víctimas civiles", según el exconseller, "alrededor de un millar".

Una actuación que, según ha apuntado, "no se encuadra en absoluto en el comportamiento de lo que debíamos entender con una Policía democrática en un país democrático", y que representa una "mancha bastante grave en la historia de la democracia española".