“¡Votaremos y ganaremos! El Estado tiene las alcantarillas, el TC, los fiscales”. Es una de las proclamas más sonoras que el 21 de septiembre de 2017, en pleno registro de la Consejería de Economía y Hacienda con motivo de la inminente celebración del referéndum del 1-O, recorrió las redes sociales. Su autor, el entonces consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, quien este martes deberá responder ante el Tribunal Supremo no sólo por alentar a la muchedumbre, según sostienen las acusaciones, en favor de la estrategia soberanista sino también por participar en varios actos públicos de presentación de la ley que pretendía regular la consulta así como por auspiciar la financiación de los gastos para la organización de la misma.

Después de que durante la pasada semana las declaraciones del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconsejero de Interior Joaquim Forn dejasen traslucir parte de la estrategia procesal de los doce acusados que se sientan en el banquillo --si el primero centró su comparecencia, más política que jurídica, en apelar a la ausencia de delito si de votar se trata y al “pacifismo” de las concentraciones que rodearon la preparación del referéndum, y el segundo enfocó la suya en desvincular su cargo con el plan independentista--, Turull intentará desligarse de los llamamientos a las protestas de septiembre de 2017.

Turull no estuvo

No por condenarlas ni desaprobarlas, puesto que, según sostiene, todas ellas se llevaron a cabo de forma cívica en rechazo a “ciertas decisiones y actuaciones judiciales” --en clara alusión a los registros de la Policía Nacional y la Guardia Civil previos al 1-O--, sino porque no estuvo presente en ellas.

Es más, alega que los días 20 y 21 de septiembre no se ejecutó ningún plan para impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales que autorizaron los registros. De hecho, en el caso del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), dependiente de su Consejería, defiende que la colaboración de los directivos de este órgano “fue total” y las diligencias se ejecutaron “con toda normalidad”. “La presencia y participación pública del señor Turull [durante ambas jornadas] fue inexistente”.

Defensa técnica

La línea de defensa del procesado, para quien la Fiscalía reclama 16 años de cárcel por delitos de rebelión y malversación, la Abogacía del Estado, 11 años y medio, y Vox, hasta 74, prevé ir en paralelo a la iniciada por Forn, alejada así del discurso pasional desplegado por Junqueras.

Del mismo modo que el exconsejero de Interior optó por responder a las preguntas del ministerio público y los servicios jurídicos del Estado --no así de la acusación popular--, al contrario que Junqueras, que decidió contestar únicamente a las interpelaciones de su letrado, Andreu Van den Eynde, todo apunta a que Turull --a quien seguirá en los interrogatorios el exconsejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva-- también se dejará interrogar por las acusaciones.

Las protestas de septiembre

Lo hará para dejar claro, como ya lo hiciera en su escrito de defensa su abogado, Jordi Pina, para desvincularse de los llamamientos a la población para que ésta saliera a las calles alertada al igual que los miembros del Govern por los medios de comunicación --“cuyo conocimiento sólo pudo emanar de quienes sabían qué actuaciones policiales se iban a producir esa mañana”-- de las detenciones y de las entradas y registros que se estaban produciendo.

“La única actuación pública de nuestro representado fue realizar a primera hora de la mañana un tuit en su cuenta personal de Twitter en el que, como portavoz del gobierno de la Generalitat, pedía ‘mucha calma y serenidad’. Tuit que, por cierto, ha sido extrañamente ignorado en los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones”, recrimina el representante legal de Turull en su escrito.

Romeva, con Junqueras

Tras Turull y previsiblemente este mismo martes arrancará el interrogatorio de Romeva, para quien las acusaciones solicitan la misma condena que para el exconsejero de Presidencia. Su departamento fue clave a la hora de sufragar con fondos públicos los gastos a los que, según la Fiscalía, la Generalitat hizo frente en el exterior, como la puesta en marcha del denominado Diplocat, dirigido a internacionalizar el conflicto y obtener reconocimiento en instancias supranacionales, de las campañas de publicidad institucional o las campañas dirigidas a conseguir el voto de los catalanes ubicados en otros países.

Defendido por el mismo letrado que Junqueras, hará suya similar línea defensiva: la dirigida a denunciar una causa general contra el independentismo, que no se produjo ningún tipo de alzamiento violento durante las manifestaciones a favor del referéndum y que la celebración de estas consultas no comporta comisión delictiva alguna.

El exconsejero de Territorio, Josep Rull, tomará la palabra después de Turull para rebatir la responsabilidad que la Fiscalía le achaca en el marco de las protestas del 20 y 21 de septiembre, y a lo largo de los próximos días serán los demás exconsejeros que se encuentran en prisión preventiva quienes declaren ante el tribunal.