El Gobierno ha aprovechado el primer consejo de ministros tras el anuncio de las elecciones generales del 28 de abril para aprobar la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El acuerdo otorga a la familia Franco 15 días para elegir un lugar para su enterramiento definitivo que, en ningún caso, podrá ser la Catedral de la Almudena de Madrid ni ningún otro que suponga la "dignificación" pública del dictador o que pueda afectar el orden público. En caso de que no hubiera respuesta o acuerdo entre los familiares, el Gobierno elegiría el destino del dictador.

"Una decisión de Estado"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha subrayado que la decisión de sacar a Franco del Valle de los Caídos cumple escrupulosamente la Ley de Memoria Histórica, concretamente el apartado introducido el verano pasado por el Gobierno que establece que en el Valle de los Caídos no puede estar enterrado nadie que no haya sido víctima de la Guerra Civil.

Además, ha añadido, se trata de "una decisión de Estado" de alcance "histórico" que ayuda a "colocar a España en ese espacio internacional donde otros países ya han arribado", además de ayudar a mejorar la "convivencia" de los españoles.

Un recurso puede retrasar los trámites

Delgado ha admitido las dificultades que el Gobierno ha encontrado hasta "culminar" la exhumación --licencias municipales, autorizaciones autonómicas, demandas de los interesados, 14 recusaciones de los instructores del expediente-- pero ha insistido en que era "un compromiso del presidente Sánchez" que estaba empeñado en cumplir.

En todo caso, los trámites todavía podrían retrasarse si la familia del dictador recurre la decisión del Gobierno ante el Tribunal Supremo, lo que obligaría a aprobar nuevos decretos en próximos consejos de ministros. Además, la ministra ha dejado claro que la comunidad religiosa de la basílica del Valle de los Caídos no puede evitar el traslado, puesto que el hecho de que se trate de un lugar de culto no lo excluye de estar sometido a la autoridad civil.

Derogación de la Lomce

Por otra parte, el consejo de ministros también ha aprobado el proyecto de ley de Educación, también conocida Ley Celaá y que era la principal propuesta en educación del Gobierno de Sánchez, aunque el adelanto electoral impedirá que el texto llegue a prosperar en el Congreso.

La propia portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido esta norma --que supondría la derogación de la Lomce-- que prevé quitar peso a la asignatura de religión y a los centros concertados, y deja a las CCAA con lengua cooficial la proporción de uso del castellano.

La ley del siglo XXI

Celaá ha criticado los "efectos nocivos de la Lomce para el sistema educativo español", especialmente en la "vulneración de la igualdad de oportunidades" y la anulación del efecto de "ascensor social".

Pese a que el Ejecutivo es consciente de que el texto no podrá salir adelante, este ha decidido aprobar el proyecto de ley por "respeto" a todas las personas que llevan años trabajando en él. "Es el proyecto de ley del siglo XXI", ha zanjado.

A disposición de Sánchez

En relación a las elecciones generales, tanto Celaá como Delgado se han mostrado dispuestas a formar parte de las listas del PSOE como forma de respaldar el "proyecto de Estado" que, a su juicio, encabeza Pedro Sánchez. "Yo estoy a disposición del presidente Sánchez, porque es ilusionante el proyecto que hay y el proyecto de Presupuestos", se ha ofrecido la fiscal Delgado, para quien éste lidera un proyecto político "de Estado", de "servicio público", "global" y "avanzado".

Mientras que Celaá, que a diferencia de Delgado sí es militante del PSOE, ha recordado que su "compromiso político con lo que representa el presidente Sánchez viene desde "antes" de que éste ganara la moción de censura, y ha señalado que, no solo lo ha mantenido "durante" el tiempo que ha gobernado, sino que seguirá "después". Celaá desempeñó, en septiembre de 2016, un importante papel de respaldo a Sánchez como presidenta de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, frente a los críticos que terminaron forzando su dimisión y constituyendo una gestora. "Antes, durante y después", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, para quien Sánchez "representa al Estado con una carácter muy personal: una gran resistencia".