"Como ciudadano catalán que soy y exiliado por culpa del independentismo le solicito…". Así se expresa José Luis G. G. en una carta enviada al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, con copia al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlasca, en la que denuncia la situación de división que el procés ha provocado en Cataluña en general y en el cuerpo de Mossos d’Esquadra, en particular. Este ciudadano, que actualmente vive en El Puerto de Santa María (Cádiz), ha hecho puesto en evidencia el doble rasero del director general de la Policía, Andreu Joan Martínez, en los expedientes abiertos sobre el activismo político de los agentes.
carta mossos
El "exiliado" confesaba, en esa misma misiva, no tener excesivas esperanzas en recibir respuesta por parte de la Consejería de Interior, pero rogaba que se hiciera en castellano. Pero Martínez le ha respondido en ese idioma en un escrito en el que asegura que "no hemos hecho, ni haremos, valoraciones públicas de las manifestaciones de carácter político, ideológico, religioso, ni de cualquier otra índole personal, ni de los funcionarios adscritos a la Dirección General ni de ningún otro ciudadano".
"Votar el 1-O no es delito"
Se da la circunstancia de que este mismo cargo, en otra carta anterior en la que se rechazaba la denuncia de una cabo contra los posicionamientos secesionistas de un agente, sí hizo valoraciones del tipo "votar el pasado 1 de octubre no es ninguna actividad delictiva".
Respuesta a la denuncia presentada por Inmaculada Alcolea
José Luis G. G., quien denunció al Govern por el uso de su nombre en el censo utilizado en el referéndum del 1-O --su caso está sub judice--, se dirigió a Buch y Marlaska con la intención de hacerles partícipes de su preocupación por lo que califica de "una actuación parcial por parte de la Generalitat". Ejemplo de ello, dice, son "las reacciones y resoluciones frente a determinados Mossos que se han pronunciado como acatadores y respetuosos con el sistema constitucional vigente en nuestro país".
Intenciones anticonstitucionales
Compara el expediente de Inma Alcolea, expedientada en tres ocasiones por denunciar el independentismo en el cuerpo de los Mossos, y otros mossos "que se prodigan abundantemente por redes sociales manifestando sus ideas e intenciones anticonstitucionales y a favor de una república catalana que contraviene el orden establecido". También se refiere a la anunciada investigación, que finalmente no acabó en sanción, contra un mosso "por decir que no existe ninguna república". Pero "para más agravio, se han filtrado por redes sociales su identidad personal, hecho que usted no debería permitir".
En este sentido, José Luis G. G. se refiere a los receptores de esa ya famosa frase pronunciada por el citado agente en una manifestación proindependentista y reclama a la Consejería de Interior que investigue a "los CDR, CUP o GAAR si son los presuntos responsables del destrozo de mobiliario urbano", pues "cualquier persona se puede manifestar, pero siempre dentro de la legalidad vigente".
"Se persigue cualquier hecho"
El director general de la Policía ha respondido a esta ciudadanos asegurando que "se persigue cualquier hecho delictivo del que se tenga conocimiento, como no podía ser de otra manera. Con igual diligencia se investiga cualquier falta que pueda cometer cualquier funcionario adscrito a esta Dirección General, ya sea de carácter penal, disciplinario o una conjunción de ambas posibilidades; no escatimando en ningún caso los recursos de que disponemos, con especial énfasis en las actuaciones de la División de Asuntos Internos".
"Decirle también --añade-- que no hemos hecho, ni haremos, valoraciones públicas de las manifestaciones de carácter político, ideológico, religioso, ni de cualquier otra índole personal, ni de los funcionarios adscritos a la Dirección General de la Policía ni de ningún otro ciudadano".
Por contra, el verano pasado, Martínez respondía a la denuncia presentada por Inma Alcolea sobre el acoso que asegura sufrir en las redes sociales por parte de compañeros del cuerpo que no esconden su independentismo. Aportaba la cabo fotos de agentes votando el pasado 1 de octubre. "En relación a la interpretación de las imágenes personales que habéis facilitado, algunos juzgados interpretan que haber votado el pasado 1 de octubre no es ninguna actividad delictiva", afirmaba Martínez.