“Nadie está por encima de la ley, actuar al margen no puede quedar impune”

“Más que escritos de defensa, parecieran escritos libelos acusatorios basados en un relato alternativo que crea una visión distorsionada de la realidad con el exclusivo fin de desacreditar justicia y cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de derecho”. Así ha arrancado su intervención el fiscal Javier Zaragoza durante la segunda jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra los 12 exlíderes independentistas acusados por promover la estrategia soberanista que culminó el 27 de octubre de 2017 con la proclamación de la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña.

El representante del ministerio público, que turnará su alocución con su compañero Fidel Cadena, ha sido el primero en tomar la palabra en la segunda sesión de la fase de cuestiones previas para rebatir con dureza la “denuncia masiva” efectuada ayer por los abogados de los procesados en relación con lo que consideran la vulneración de sus derechos fundamentales, alegación que Zaragoza ha tildado de “ridícula e injustificada”.

"Justicia con total independencia”

“Se muestran como víctimas de una persecución quienes han quebrantado el orden constitucional y pretenden sentar en el banquillo al Estado”, ha recalcado el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, quien, no obstante, ha expresado su convicción de que el tribunal encargado de juzgar los hechos “impartirá justicia con total independencia al margen de lo que se diga extramuros de esta sala, respetando los derechos y garantías de los acusados y los principios de un juicio justo”.

Y ha proseguido su diatriba contra los alegatos de los abogados defensores aseverando con contundencia que este es un juicio “en defensa de la democracia y el orden constitucional”. En este sentido, ha recordado que la aprobación de la Carta Magna en 1978 obtuvo en Cataluña un respaldo del 62 por ciento, cifra coincidente, ha remarcado, con el porcentaje de quienes mostraron su rechazo a la independencia de Cataluña en el referéndum del 1-O.

“No se juzga el proceso independentista”

Ante las críticas expresadas por las defensas en relación con el “proceso político” en el que, a su juicio, se han convertido los procedimientos judiciales incoados contra la estrategia separatista, Zaragoza ha recalcado que “no es el proceso independentista lo que se juzga sino los gravísimos hechos que se cometieron”: “los acusados recurrieron a una reiterada desobediencia y a las movilizaciones populares dirigidas a hacer claudicar al Estado. Nadie ha sido juzgado por sus ideas. Llevan años defendiendo este proyecto político y la actuación por los que se les sienta en el banquillo justifica sobradamente la actuación del sistema judicial”.

Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo de los jueces (al fondo), los procesados (a la izqda. de espaldas) y la acusación (dcha.), durante la segunda jornada del juicio del 'procés' / EFE

“No debería extrañarle a nadie que el derecho penal actúe ante hechos gravísimos, ante los actos violentos que se produjeron”, ha incidido el fiscal, subrayando que habría sido “un grave ejercicio de irresponsabilidad” que la justicia no actuase. “Nadie está por encima de la ley y actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune. El ejercicio de la actividad política no es una patente de corso para llevar a cabo actuaciones delictivas”, ha manifestado Zaragoza, tras lo cual ha pasado a enumerar que esta actividad “no justifica expulsar la Constitución y sustituirla por una ley paralela, la segregación territorial al margen de la soberanía nacional, no justifica jamás utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes, desobedecer de forma contumaz al Tribunal Constitucional, órgano clave en el sistema democrático, convocar a miles de ciudadanos para tener secuestrada a una comisión judicial so pretexto de un ataque a Cataluña e incitar o agitar a miles de ciudadanos que como muros humanos han protegido las urnas”.

Violencia, concepto clave en el juicio

Tras ello, el representante de la acusación pública, que reclama en total más de 200 años de cárcel a los doce acusados del procés, 25 de ellos al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por delitos de rebelión y malversación, ha hecho alusión a uno de los conceptos clave del juicio, la violencia, en el que la Fiscalía se apoya para imputar el primero de los tipos penales atendiendo a la “grave agresión” que los inculpados infligieron “al orden constitucional” y a los "métodos violentos" de los que hicieron uso.

En concreto, se trata de un delito, el de rebelión, que el ministerio fiscal atribuye no sólo a Junqueras sino también al exconsejero de Presidencia Jordi Turull, al de Asuntos Exteriores Raül Romeva, al de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull, a la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa y al de Interior Joaquim Forn. Para cada uno de ellos, los fiscales solicitan 16 años de prisión. “Se dice que votar no es delito y que sólo pretendían ejercer el ejercicio libre del sufragio, pero este no puede ejercerse en cualquier momento o de cualquier manera, sino cuando lo establece el ordenamiento jurídico”, ha añadido Zaragoza. No sólo eso. El fiscal ha apuntado que el derecho de autodeterminación “carece de cobertura nacional e internacional, ni como derecho de secesión ni como derecho a decidir”, de los que gozan únicamente los pueblos que posean una identidad étnica acentuada o estén sometidos a situaciones de colonialismo.

Contradicciones de las defensas

Tras el parlamento de Zaragoza ha tomado la palabra el fiscal Fidel Cadena, quien ha comenzado su intervención llamando la atención sobre el hecho de que “la piedra que desecharon” los acusados, el cumplimiento de la Constitución a la hora de impulsar su plan independentista, es ahora la “piedra angular” de su defensa para alegar la vulneración de derechos contemplados en la Carta Magna. “Tiene gracia que ahora sea resucitada, que se haya producido esa vuelta a la vida de la Constitución. Bienvenidos a la Ley”, ha ironizado.

Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo de la jefa de lo Penal en la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane (i), frente a los acusados durante la segunda jornada del juicio del 'procés' / EFE

Y a este respecto ha subrayado, en línea con lo manifestado por su compañero de estrado, que en la vista oral “lo que está en juego es el orden constitucional” frente a lo que ha tildado de “ataque abierto al sistema democrático” y a la “completa desaparición” de la libertad por las instituciones. “El respeto a la Ley se ha desbordado por completo y abruptamente han sido separados de la Constitución, en el margen de la absoluta legalidad, la dignidad y el respeto a los derechos y los principios que son la base de la paz social. Quien así lo hace no tardará en hacerlo con las normas menores, como el Estatuto de Autonomía”, ha abundado Cadena refiriéndose a algunos de los incumplimientos en que incurrieron los acusados “en esa aventura de creación de República catalana”. Se ha mostrado especialmente tajante al aludir al fenómeno de la posverdad que, ha precisado, engloba formas de expresión que “repetidas mil veces parecen verdad pero que no lo son en absoluto”.

Autoritarismo e ilegalidad

Como ha puesto de manifiesto su predecesor en la exposición de sus alegatos, Cadena ha aseverado que “no puede sustituirse la soberanía del pueblo español por la de ninguna de los que lo integran” y, por ello, “la soberanía del pueblo catalán no es posible”. “No pueden decidir unos pocos sobre lo que es de todos, y Cataluña no es sólo de los catalanes separatistas. Ese derecho a decidir existe pero pertenece a todo el pueblo español. Aquí no hay atajos: salirse del ámbito de la legalidad constitucional conlleva a situarse en el ámbito de la ilegalidad y, de ahí, en el del autoritarismo”.

En esta línea, ha insistido en que en esta vista oral no se pretende “criminalizar” ninguna ideología, como ayer proclamaron los abogados defensores, sino “un plan concertado” y la creación de una legislación “paralela” para instrumentalizar, llegado el momento, “la violencia y la intimidación”. “No es el genotipo sino el fenotipo”, ha señalado Cadena haciendo una equiparación en materia biológica: “cada uno puede tener las ideas que quiera, pero lo que se penaliza es la actuación que promueve la subversión y la ruptura del orden constitucional a través de la violencia y la utilización de las masas”. Tras el turno de palabra de los fiscales, será la Abogacía del Estado la que intervenga para justificar las penas que solicita a los acusados y que, al contrario que el Ministerio Público, no contempla la rebelión entre su abanico de delitos. Finalmente expondrá sus cuestiones previas la acusación popular, ejercida por VOX. Tras este trámite, la Sala decidirá si resuelve los planteamientos formulados por las partes o si aquellos serán abordados ya en sentencia. En cualquier caso, una vez finalizada esta fase arrancará la de los interrogatorios de los procesados con la comparecencia, en primer lugar, de Oriol Junqueras.