La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana es copropietario en la sombra de varios inmuebles, terrenos y fondos localizados en Uruguay y Andorra, según consta en el sumario del caso Erial.
La UCO se basa en los movimientos bancarios intervenidos así como en las vigilancias y escuchas realizadas al político, que se encuentra en régimen de libertad provisional tras recibir el alta hospitalaria a causa de la leucemia que padece. Así, los investigadores sostienen que el político valenciano aún conservar un patrimonio por valor de 3,5 millones de euros que podrían estar ocultos en Urugay o Andorra.
Un piso en Madrid con fondos opacos
Entre los principales bienes, los investigadores infieren que Zaplana fue propietario encubierto de un piso en el número 108 de la calle Núñez de Balboa de Madrid, recientemente vendido a través de la sociedad Costera del Glorio.
Al frente de esta sociedad, la Guardia Civil sitúa a Joaquín Barceló, amigo y compañero de estudios de Zaplana, que además ocupó los cargos de director general de la Conselleria de Turismo, responsable de formación en la Agencia Valenciana de Turismo y desde 2003 miembro del consejo de administración de Terra Mítica.
Barceló, a través de una firma radicada en Luxemburgo (Imison) fue beneficiario, supuestamente, de 6,4 millones de euros en concepto de contraprestación por el amaño de las adjudicaciones para la gestión de las ITV de la Comunitat Valenciana.
Un yate como comisión
Los investigadores creen que Zaplana ha recibido en los últimos años "fondos procedentes de las presuntas comisiones ilegales”, bien a través de entregas dinerarias, la última de 50.000 euros, bien a través de facturación falsa, compra de terrenos o en "especie". Entre estas últimas se hallan pisos, coches e incluso un yate.
En el marco de la investigación al expresidente y exministro de Trabajo, los investigadores hacen referencia a una reciente condena impuesta al también expresidente de la Generalitat con el PP y sucesor de Zaplana, José Luis Olivas.
Concesiones por ITV y parques eólicos
El pasado mes de enero, Olivas y Vicente Cotino --sobrino del que fue ex director general de la Policía Juan Cotino-- fueron condenados a un año y medio de prisión por falsedad y delito contra la Hacienda pública, al abonar el segundo 500.000 euros al primero por un trabajo de asesoramiento que se demostró que nunca realizó y que ahora se sospecha que pudo estar relacionado con el cobro de una mordida.
En este caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos durante la gestión al frente del gobierno regional de Zaplana. Los delitos que se investigan son cohecho, prevaricación, malversación, fraude en la contratación, falsedad documental, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.