Los alegatos de Forn evidencian las divergencias de las defensas en el Supremo

En una intervención principalmente centrada en los aspectos jurídicos y dejando al margen las cuestiones de naturaleza política, Javier Melero, letrado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, ha evidenciado ante el tribunal las divergencias presentes en los alegatos con los que las defensas afrontan, desde este martes, el juicio contra los doce exlíderes independentistas que se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo por planificar la estrategia soberanista que, el 27 de octubre de 2017, culminó con la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña.

El discurso de Melero en el conocido como trámite de cuestiones previas con el que ha arrancado el macrojuicio contrasta visiblemente con el que le ha precedido, el de Andreu Van den Eynde, letrado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia Raül Romeva. Mientras Van den Eynde ha centrado su parlamento en la “continua campaña de criminalización” desatada en los últimos meses contra los inculpados, la pretensión de la Justicia actuar de forma general “contra el independentismo catalán” y la conversión de las investigaciones en un “proceso político”, Melero ha defendido el papel de su patrocinado deslindándolo del epicentro del plan secesionista.

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y su abogado en el juicio del 'procés', Andreu van den Eynde / EFE

Actuación de los Mossos el 1-O

El penalista, quien ya ejerciera la defensa del expresidente de la Generalitat Artur Mas en la causa ya juzgada por el referéndum del 9N, ha enfocado su alocución en rebatir las imputaciones que las acusaciones vierten sobre su patrocinado en relación a la actuación de los Mossos d’Esquadra durante la celebración del referéndum del 1-O.

Según la Fiscalía, Forn, máxima autoridad política de la Policía autonómica catalana –para quien el Ministerio Público reclama 16 años de prisión, la Abogacía del Estado, 11 y medio, y VOX, 74–, impulsó un operativo dirigido a que el cuerpo no impidiese la celebración de la consulta, poniendo a disposición de los responsables políticos de la Generalitat “y de sus ilegales propósitos secesionistas todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial armado y muy numeroso en efectivos (unos 17.000 miembros).

“Poca cosa nos queda” más allá de los atestados

Sin embargo, Melero sostiene que, eliminados los atestados policiales, los resúmenes de prensa y algunos vídeos “poca cosa más nos queda”. “Según predican las acusaciones, [Forn] no está aquí por ser un miembro más del Govern, sino porque como consejero de interior tenía capacidad de dominio sobre la fuerza policial”.

El letrado Xavier Melero (i), abogado de Joaquim Forn, interviene en la primera jornada del juicio del 'procés' / EFE

Unos hechos cuya investigación, ha manifestado, debería ser acumulada a las pesquisas abiertas en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos, liderada por el mayor Josep Lluís Trapero, a pesar de que esta diligencia conllevaría el alargamiento de la situación procesal de los nueve procesados que se encuentran en prisión preventiva, lo que debería sustituirse, a su juicio, por una medida “menos gravosa”.

Compromiso con la Ley

En su escrito de defensa, Melero recuerda cómo su antecesor en el cargo, Jordi Jané, manifestó en su día ante el juez que cuando realizó el traspaso de cartera a Forn tuvo la oportunidad de hablar con él sobre sus intenciones como nuevo titular del departamento, y cómo éste le expresó que, más allá de consideraciones políticas, los Mossos “siempre respetarían la ley y darían cumplimiento a todas las órdenes judiciales, en estricto ejercicio de su función de policía judicial”.

Respecto a las concentraciones llevadas a cabo los días 20 y 21 de septiembre ante las sedes de las Consejerías que estaban siendo registradas por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la defensa recalca que la finalidad de las mismas era “la expresión de una protesta plenamente amparada en los derechos de reunión y manifestación y no la de dificultar actuaciones judiciales”. El resultado de las protestas sirve de base a la Fiscalía para fundamentar sus acusaciones por rebelión.